El Ejecutivo regional ha formalizado su postura ante el Tribunal de Cuentas en relación con la polémica compra de un inmueble en el distrito de Chamberí. La postura de la Comunidad de Madrid es tajante: la operación se ejecutó bajo un marco de estricta legalidad, por lo que han solicitado el sobreseimiento y archivo inmediato de las actuaciones que investigan la adquisición de este activo inmobiliario.
Defensa de la gestión patrimonial y cumplimiento normativo
La controversia surge tras la compra de un ático ubicado en el paseo del General Martínez Campos por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Ante el requerimiento del tribunal, que otorgó un plazo de cinco días para que la Fiscalía y las partes personadas se pronuncien, el Gobierno autonómico ha presentado alegaciones que defienden la transparencia del proceso. Según los servicios jurídicos, la transacción no representa un desvío de fondos, sino una inversión patrimonial coherente con los objetivos de la entidad pública.
Desde la Administración se insiste en que el consejero delegado de la empresa pública contaba con todas las facultades legales para liderar la compraventa. El argumento central reside en que la incorporación de este inmueble busca fortalecer el inventario inmobiliario de la región, permitiendo que la Administración disponga de espacios versátiles para sus necesidades operativas y de servicio público.
Claves sobre el valor de mercado y el uso institucional
Para desestimar las acusaciones de irregularidad económica, la defensa ha aportado datos sobre la tasación del inmueble. Se sostiene que el precio pagado fue acorde al valor de mercado en la fecha de la firma, descartando cualquier tipo de sobrecoste que pudiera haber dañado los caudales públicos. Además, se han aclarado los siguientes puntos fundamentales sobre el destino del ático:
- El activo fue concebido como un espacio de soporte logístico para diferentes consejerías.
- Se niega rotundamente que la propiedad se haya destinado a vivienda oficial de la presidencia regional.
- La operación queda respaldada por un contrato de arrendamiento posterior que valida su uso para fines institucionales.
- La inversión supone la suma de un activo de alto valor que se mantiene dentro del balance de la empresa pública.
El futuro de la causa ante el Tribunal de Cuentas
El proceso judicial se encuentra ahora en un punto de inflexión. Tras acumular diversas denuncias presentadas durante el periodo estival, el órgano fiscalizador debe determinar si existen indicios suficientes para nombrar a un delegado instructor o si, como pide la Comunidad de Madrid, las pruebas de legalidad son suficientes para cerrar el expediente de forma definitiva.
En última instancia, el Gobierno regional confía en que la documentación aportada aclare que la gestión de Planifica Madrid se ajustó a su objeto social, centrado en optimizar el patrimonio inmobiliario madrileño y ponerlo al servicio de la eficiencia administrativa sin comprometer la integridad financiera de la institución.