Una respuesta drástica ante el colapso de la Ley de Dependencia en Andalucía
La actual crisis en la gestión de los servicios sociales en el sur de España ha llevado a la coalición Por Andalucía a presentar un plan de choque integral. Su candidato, Antonio Maíllo, ha puesto sobre la mesa una reforma legislativa que busca blindar los derechos de las personas más vulnerables, estableciendo por ley que el acceso a las ayudas reconocidas no pueda demorarse más de seis meses. Esta medida surge como respuesta a una realidad alarmante donde los tiempos de espera actuales triplican lo permitido por la normativa vigente.
La propuesta no solo busca agilizar la administración, sino también introducir un mecanismo de justicia reparadora. Según el planteamiento de Maíllo, el Gobierno andaluz debería asumir la responsabilidad financiera de sus ineficiencias, indemnizando directamente a los solicitantes cuando la administración supere los plazos estipulados. Este cambio de paradigma pretende que el retraso administrativo deje de ser un ahorro para las arcas públicas y se convierta en un compromiso de gestión directa y eficaz.
El modelo ‘3×3’: Una reestructuración de los tiempos de espera
El núcleo de la propuesta de la confluencia se articula bajo la fórmula denominada modelo ‘3×3’. Este esquema divide el proceso administrativo en dos fases críticas de tres meses cada una:
- Resolución de solicitud: Un máximo de 90 días para que la administración dictamine el grado de dependencia.
- Efectividad de la prestación: Otros tres meses adicionales para que el recurso o la ayuda económica lleguen efectivamente al beneficiario.
- Protocolo de urgencia ‘1×1’: En situaciones de extrema gravedad, el plazo se reduciría a un mes para cada fase, garantizando una intervención casi inmediata.
Refuerzo de personal y críticas a la gestión actual
Para que estos plazos dejen de ser una utopía, Maíllo ha anunciado que es imprescindible duplicar la plantilla de profesionales encargados de las valoraciones. La falta de personal técnico es señalada como el principal cuello de botella que mantiene a Andalucía con una media de 477 días de espera, una cifra que la coalición tacha de «insostenible y cruel».
El análisis de Por Andalucía es demoledor respecto a las consecuencias humanas de esta parálisis. Se estima que durante el último año miles de personas fallecieron sin haber llegado a percibir la ayuda a la que tenían derecho legalmente. Maíllo denuncia que el ejecutivo de Moreno Bonilla prioriza los conciertos con el sector privado en lugar de fortalecer la infraestructura pública, lo que a su juicio supone un abandono sistemático de los mayores y dependientes bajo una lógica de ahorro presupuestario.
Humanización del servicio frente a la brecha digital
Otro de los ejes transversales de la reforma es la lucha contra la exclusión administrativa. En un mundo cada vez más digitalizado, muchas personas dependientes se ven forzadas a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que deberían ser sencillos y gratuitos. La propuesta de Maíllo incluye la creación de una red de oficinas públicas de atención presencial donde personal funcionario acompañe al solicitante en todo el proceso.
Como ejemplo de que otra gestión es posible, el candidato ha señalado el modelo de éxito en municipios como Fuentes de Andalucía, donde la gestión directa de servicios municipales demuestra que lo público puede ser más cercano y eficiente. El objetivo final es transitar hacia un sistema de dependencia que no solo sea ágil, sino que devuelva la dignidad a quienes necesitan el apoyo de la administración para su día a día.