La justicia ha dictado sentencia definitiva en uno de los casos de violencia de género más desgarradores ocurridos recientemente en la provincia de Barcelona. Un hombre ha aceptado una condena de 26 años y dos días de cárcel tras admitir que acabó con la vida de su pareja, quien se encontraba en un avanzado estado de gestación, en la localidad de Manresa. El reconocimiento de los hechos se ha producido mediante un acuerdo de conformidad, una estrategia legal que ha permitido evitar la constitución de un tribunal de jurado popular.
Un acuerdo judicial para evitar el juicio con jurado
El proceso judicial, desarrollado en la Audiencia de Barcelona, ha concluido de forma rápida gracias a un pacto entre las partes. El acusado ha aceptado los cargos por asesinato, aborto y lesiones, lo que ha supuesto una reducción respecto a la petición inicial del Ministerio Fiscal, que ascendía a 32 años de privación de libertad. En este consenso han participado tanto la Fiscalía como las acusaciones particular y popular, esta última representada por la Generalitat de Cataluña.
La rebaja en la pena responde principalmente a la confesión del procesado y a la unificación de diversos delitos relacionados con el maltrato habitual. Con esta resolución in voce, se cierra un capítulo procesal que habría implicado un desgaste emocional mayor para los allegados de la víctima si se hubiera celebrado el juicio oral completo.
El perfil del agresor: Control y violencia sistemática
La investigación y el escrito de conformidad ratificado revelan una dinámica de relación tóxica marcada por el dominio y el desprecio absoluto. El agresor ejercía un control asfixiante sobre la víctima, de 31 años, motivado por celos patológicos y una visión posesiva de la mujer. Según los hechos probados, el entorno de convivencia en Manresa estuvo marcado por conductas abusivas recurrentes:
- Vigilancia tecnológica: El acusado fiscalizaba las comunicaciones telefónicas de su pareja de forma constante.
- Aislamiento social: Se le prohibió el contacto con su núcleo familiar, impidiéndole incluso celebrar festividades como la Navidad con ellos.
- Restricción de libertad: En episodios previos al crimen, la mujer fue encerrada contra su voluntad durante varios días, sufriendo agresiones físicas que le causaron lesiones diversas.
- Acoso laboral: El victimario acudía al puesto de trabajo de la mujer para vigilar sus movimientos y controlar con quién regresaba al domicilio.
Detalles del crimen ocurrido en mayo de 2023
El fatídico suceso tuvo lugar entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de mayo de 2023. Durante una discusión en la vivienda que compartían, el hombre atacó violentamente a la mujer, que estaba embarazada de entre 16 y 18 semanas. Tras golpearla brutalmente, procedió a asfixiarla, provocando su fallecimiento y, en consecuencia, la pérdida del feto, un resultado que el acusado también buscaba de forma deliberada según la tesis fiscal aceptada.
Desde el 17 de mayo de ese mismo año, el individuo ha permanecido en prisión provisional, situación que ahora se transforma en condena firme. Además de la pena de cárcel, el tribunal ha impuesto medidas complementarias severas dada la gravedad de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima.
Responsabilidad civil y medidas post-penitenciarias
La sentencia no solo aborda la privación de libertad, sino que establece una indemnización económica de 175.000 euros para la madre de la fallecida y una cantidad idéntica para los herederos del padre, quien falleció meses después del crimen sin ver el final del proceso. Asimismo, se ha dictado una prohibición de comunicación y aproximación a los familiares de la víctima por un periodo de 25 años tras la salida de prisión.
El condenado, cuya situación administrativa en España es de irregularidad, deberá cumplir además 63 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad y se someterá a cinco años de libertad vigilada una vez cumpla su tiempo en el centro penitenciario. Esta resolución judicial subraya la contundencia del sistema legal ante casos de feminicidio agravado, donde la premeditación y el maltrato previo actúan como elementos determinantes en la graduación de la pena.