En una comparecencia marcada por la tensión política, el director de la Oficina de Asuntos Económicos de la Presidencia del Gobierno, Manuel De la Rocha, ha rechazado de forma tajante las acusaciones que lo sitúan como un operador en la sombra del Ejecutivo. Ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, el alto cargo ha reivindicado la estricta legalidad de todas sus gestiones, desmarcándose de cualquier estructura irregular o «cloaca» institucional.
Desmentido rotundo sobre el vínculo con Leire Díez
Uno de los puntos más críticos de la sesión parlamentaria giró en torno a la presunta aparición del nombre de De la Rocha en documentos relacionados con Leire Díez. El compareciente fue contundente al asegurar que no ha mantenido ningún tipo de contacto, ni personal ni profesional, con la exmilitante socialista.
Para reforzar su argumento, De la Rocha explicó que, ante el ruido mediático, solicitó a su equipo una revisión exhaustiva de su agenda oficial de los últimos ocho años. El resultado, según sus palabras, es la ausencia total de reuniones, mensajes o saludos intercambiados con Díez. Esta estrategia de transparencia documental busca desactivar las sospechas de una supuesta red de influencias que la oposición ha intentado trazar en la Cámara Baja.
Defensa de la integridad institucional y el rol de Indra
Más allá de las menciones personales, la comparecencia abordó movimientos estratégicos en empresas clave como Indra y Telefónica. De la Rocha aprovechó el foro para negar cualquier tipo de presión o amenaza sobre directivos, defendiendo que sus actuaciones se enmarcan en el desempeño ordinario de sus funciones económicas. «Jamás he amenazado a nadie», sentenció, en alusión directa a las polémicas dimisiones en el seno de la tecnológica española.
Respecto a su participación en foros donde también ha estado presente el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el director de la Oficina Económica minimizó la relevancia de dichos encuentros. Detalló que, en muchos casos, su intervención fue estrictamente técnica y telemática, centrada en la divulgación de los fondos europeos y el Plan de Recuperación, sin que ello suponga una agenda política oculta con empresarios o exmandatarios.
El enfrentamiento dialéctico: «Barro» y libertad de expresión
La sesión alcanzó su pico de fricción cuando el portavoz del Partido Popular, Antonio Hernando, calificó a De la Rocha como un «fontanero de las cloacas». El alto cargo solicitó formalmente a la presidencia de la Comisión que estas palabras fueran retiradas del diario de sesiones, alegando que se alejaban de la cortesía parlamentaria y buscaban únicamente el descrédito personal.
Sin embargo, la presidenta de la Comisión, Edurne Uriarte, optó por mantener las expresiones en el registro, argumentando los siguientes puntos:
- El amparo de la libertad de expresión dentro del debate político.
- La naturaleza crítica de las comisiones de control al Gobierno.
- La autonomía de los grupos parlamentarios para emitir juicios de valor sobre la gestión pública.
Conclusiones de la comparecencia
La intervención de Manuel De la Rocha deja un escenario de polarización absoluta. Mientras el Ejecutivo intenta blindar la figura de su principal asesor económico presentándolo como un gestor técnico enfocado en los hitos del G20 y la economía nacional, la oposición insiste en vincularlo con las tramas que rodean al entorno socialista. La negativa de De la Rocha a aceptar la etiqueta de «fontanero» es una defensa no solo de su honorabilidad, sino de la legitimidad de la Oficina de Asuntos Económicos en un momento de máxima vigilancia sobre las inversiones estratégicas del Estado.