La justicia contemporánea se encuentra en una encrucijada donde la eficiencia tecnológica choca frontalmente con los derechos fundamentales. En su reciente ingreso como académico de número en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España (RAJYL), el magistrado Manuel Marchena ha puesto sobre la mesa un debate inaplazable: hasta qué punto la investigación penal puede servirse de la Inteligencia Artificial (IA) sin desmantelar la esfera privada del individuo.
El límite ético de la tecnología en el proceso judicial
Durante su intervención, Marchena subrayó que, aunque la modernización de los métodos de investigación es una necesidad imperativa, esto no debe interpretarse como un cheque en blanco para el Estado. El magistrado advirtió con firmeza sobre el riesgo de consolidar una investigación penal donde «todo vale». Bajo el pretexto de las bondades que ofrece la vanguardia tecnológica, se corre el peligro de legitimar una injerencia estatal desmedida que sacrifique el espacio de intimidad que todo ciudadano tiene derecho a preservar frente a los poderes públicos.
Esta perspectiva propone un equilibrio crítico: la tecnología debe ser una herramienta de apoyo, no un sustituto de las garantías procesales. La incorporación de algoritmos y sistemas automatizados en la búsqueda de pruebas podría derivar en una vigilancia omnipresente si no se establecen marcos legales que protejan la libertad individual.
Leyes del siglo XIX para delitos del siglo XXI
Uno de los puntos más destacados del discurso, titulado ‘La incorporación de datos electrónicos al proceso penal: Drones, GPS, IP, IMSI, IMEI’, fue la denuncia de la obsolescencia normativa. Marchena señaló que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, con raíces profundamente decimonónicas, se ve superada por una realidad digital que transforma la delincuencia en algo irreconocible para los moldes criminológicos clásicos.
- Drones y geolocalización: Herramientas que permiten un seguimiento exhaustivo sin precedentes.
- Identificadores digitales (IP, IMEI): Rastros que definen la identidad digital pero que también vulneran el anonimato.
- IA predictiva: La capacidad de anticipar conductas que pone en riesgo la presunción de inocencia.
Para el magistrado, la sociedad interconectada actual exige soluciones jurídicas disruptivas. No se trata solo de actualizar artículos, sino de replantear los principios inspiradores de un derecho codificado que hoy parece más un monumento histórico que una herramienta eficaz contra la cibercriminalidad.
Un respaldo institucional de alto nivel
El acto de ingreso, presidido por Luis María Cazorla Prieto, no solo fue un evento académico, sino una cumbre del poder judicial español. La presencia de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, junto a destacados magistrados del Tribunal Constitucional y del Supremo, como Pablo Llarena o Juan Carlos Campo, subraya la relevancia de las palabras de Marchena en el seno de la magistratura.
El discurso de contestación fue realizado por Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal general del Estado, quien dio la bienvenida a Marchena a la medalla número 18, vacante tras el deceso de José Luis Pérez de Ayala. Este relevo simboliza la entrada de la visión tecnológica y moderna en una de las instituciones jurídicas más prestigiosas del país.
Trayectoria de un referente en la Sala Segunda
Manuel Marchena, quien presidió la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo durante una década (2014-2024), cuenta con una de las trayectorias más sólidas del panorama jurídico. Su formación como doctor en Derecho y sus reconocimientos internacionales, como la Legión de Honor francesa o distinciones de la OTAN, lo avalan como una voz autorizada para liderar la transición del derecho penal hacia la era digital.
En conclusión, el mensaje de Marchena es una llamada a la prudencia legislativa. El desafío no es solo capturar al delincuente moderno, sino hacerlo sin destruir los pilares de la democracia y la privacidad que tanto tiempo costó construir. La justicia del futuro debe ser digital, pero, ante todo, debe seguir siendo humana y garantista.