La integridad de las instituciones democráticas depende, en gran medida, de la percepción de justicia y equidad que proyectan hacia la ciudadanía. En un contexto de creciente polarización, el magistrado del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha alzado la voz para advertir sobre las graves consecuencias de socavar la credibilidad de la judicatura mediante el uso de narrativas incendiarias y etiquetas descalificadoras.
El riesgo de la deslegitimación institucional
Durante su intervención en la gala de los premios Merca2, donde fue reconocido en la categoría jurídica, Marchena enfatizó que la convivencia social se encuentra en riesgo cuando se intenta proyectar el trabajo de los tribunales como el de una mafia judicial. Según el magistrado, este tipo de retórica no solo daña la imagen de los jueces, sino que erosiona los cimientos mismos de la paz social.
El magistrado argumentó que reducir la labor jurisdiccional a una supuesta obediencia ideológica es una falacia peligrosa. Los jueces no deben ser vistos como «soldados» al servicio de estrategias políticas, sino como profesionales cuya única guía es el imperio de la ley.
Crítica jurídica frente a descalificación personal
Marchena estableció una distinción fundamental entre el debate democrático y el ataque institucional. Para el juez, el análisis y la censura de las sentencias son procesos necesarios y saludables en cualquier Estado de derecho:
- Legitimidad de la crítica: Las resoluciones judiciales deben estar sujetas al escrutinio público y académico.
- Límites éticos: La discrepancia con un fallo no justifica el uso de epítetos como «fachas con toga», que buscan deshumanizar y despolitizar la función técnica del juez.
- Independencia real: El carácter inamovible de los jueces es la garantía que permite a la sociedad confiar en un sistema que no cede ante presiones externas.
Un futuro bajo la presión del debate político
El escenario actual sugiere que la presión sobre el Tribunal Supremo y otras instancias judiciales no disminuirá a corto plazo. Manuel Marchena se mostró realista al afirmar que el cuestionamiento constante a la justicia es un fenómeno que «no ha acabado». Sin embargo, frente a la hostilidad, propuso mantener una postura de integridad y actitud positiva.
La conclusión del magistrado es clara: ninguna sociedad puede prosperar ni sobrevivir si pierde la confianza en sus jueces. La calidad democrática de un país se mide por su capacidad de proteger la independencia judicial de los vaivenes partidistas, asegurando que el estrado siga siendo un espacio de neutralidad y rigor legal.