Marlaska prohíbe el gas lacrimógeno y crispa a la Policía

Un protocolo efímero: Del blindaje a la prohibición en tres semanas

La gestión del orden público en España ha dado un giro inesperado que ha dejado a la Policía Nacional en una situación de desconcierto operativo. Apenas veintiún días después de que la Dirección General de la Policía ratificara un nuevo protocolo que ampliaba el uso de medios químicos, el Ministerio del Interior ha decidido revertir la medida. Esta rectificación, impulsada por Fernando Grande-Marlaska tras los incidentes del 11-N, ha provocado un terremoto en la escala de mando, donde se percibe un uso partidista de las directrices de seguridad.

Lo que resulta paradójico es que el documento técnico, firmado el pasado 19 de octubre por la Dirección Adjunta Operativa (DAO), justificaba la necesidad de estos medios ante un incremento de la violencia en las calles. Sin embargo, la presión política ejercida por los socios de gobierno tras las cargas contra los piquetes informativos ha pesado más que el criterio técnico de los especialistas en unidades de intervención. La instrucción, que pretendía modernizar el material antidisturbios, ha quedado desactivada antes incluso de que los agentes pudieran familiarizarse con su nueva distribución.

Riesgos tácticos: El regreso al contacto físico directo

La retirada de los dispositivos de gas lacrimógeno y espray de defensa no es una decisión inocua desde el punto de vista operativo. Expertos en seguridad ciudadana advierten que, al eliminar las herramientas de dispersión a distancia, se obliga a los efectivos a emplear métodos de contacto físico directo. El uso de la defensa extensible o el cuerpo a cuerpo incrementa exponencialmente las probabilidades de que se produzcan lesiones graves, tanto en los manifestantes como en los propios agentes de las UIP.

Hasta la fecha, la estrategia se centraba en el despliegue de los modelos MK3 y MK9, diseñados para generar perímetros de seguridad sin necesidad de cargas físicas violentas. Al suprimir estos agentes químicos, el protocolo de congruencia y proporcionalidad se ve comprometido. Los mandos policiales sostienen que es una irresponsabilidad privar a la fuerza pública de medios intermedios, obligándoles a elegir entre la inacción ante la violencia o la contundencia física directa.

Doble rasero y comparativas: El fantasma de Ferraz

Dentro de las comisarías y despachos de la cúpula policial, la pregunta que más resuena es: ¿por qué ahora sí y antes no? Existe una indignación latente al comparar la gestión de las protestas del 11-N con las movilizaciones ocurridas en la calle Ferraz durante el año 2024. En aquel escenario, el uso de gases y material de dispersión contó con el respaldo incondicional de Interior, bajo el argumento de que era necesario para contener a grupos violentos.

  • Desautorización pública: La apertura de expedientes informativos es vista como un castigo político.
  • Inseguridad jurídica: Los agentes temen actuar bajo protocolos que cambian según la ideología de los manifestantes.
  • Pérdida de autoridad: Se critica que el Ministerio priorice el equilibrio parlamentario sobre la protección de sus efectivos.

La sensación de abandono es total. Los mandos critican que se les pida «restablecer el orden» mientras se les despoja de las herramientas legales y técnicas para hacerlo. Para muchos responsables del Cuerpo, la actual dirección está permitiendo que el principio de autoridad se deteriore en favor de intereses electorales.

Gélida distancia en el aniversario de la Unidad Aérea

El distanciamiento entre el brazo político y el operativo fue evidente durante la celebración del 50º aniversario de la Unidad Aérea de la Policía. Lo que debía ser un acto de cohesión institucional, presidido por el Rey, se convirtió en un reflejo de la tensión actual. La ausencia de la mitad de la Junta de Gobierno y el escaso contacto visual entre el ministro y el director de la Policía, Francisco Pardo, confirmaron que la relación está bajo mínimos.

Fuentes presentes en el evento describen una atmósfera de «pompa fúnebre», donde los discursos oficiales no lograron ocultar el malestar por los recientes informes sobre Ceuta y la gestión de la huelga general. La cúpula policial, especialmente aquellos con pasado en unidades de orden público como el actual DAO, vive con especial sensibilidad una decisión que perciben como una rendición táctica ante sectores que exigen el desarme progresivo de las fuerzas de seguridad.

Conclusión: Una autoridad en entredicho

La prohibición del gas lacrimógeno no es solo una cuestión de logística policial; es el síntoma de una fractura profunda entre el Ministerio del Interior y sus cuadros de mando. Al desautorizar un protocolo técnico en menos de un mes, se envía un mensaje de debilidad y arbitrariedad. En última instancia, la falta de una estrategia coherente en el control de masas no solo crispa a la Policía, sino que pone en riesgo la eficacia del Estado para garantizar la seguridad ciudadana en escenarios de alta conflictividad.