Un revés judicial basado en la caducidad y la falta de indicios
La estrategia legal del expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha chocado frontalmente con el criterio de la Audiencia Nacional. El tribunal ha decidido no admitir a trámite la querella presentada por el exmandatario en relación con la denominada Operación Cataluña y el presunto espionaje mediante el software Pegasus. El magistrado Antonio Piña fundamenta esta decisión en dos pilares fundamentales: la ausencia de pruebas de carga que superen la mera sospecha y el hecho de que gran parte de los sucesos descritos ya han prescrito legalmente.
A diferencia de los intentos previos por judicializar este entramado, el auto judicial subraya que una instrucción penal no puede sostenerse exclusivamente sobre informaciones periodísticas. Según el magistrado, los relatos en prensa carecen, por sí mismos, de la entidad suficiente para poner en marcha la maquinaria judicial si no vienen acompañados de evidencias tangibles que vinculen directamente a los querellados con los delitos imputados.
El muro de la prescripción y el peso de las hemerotecas
Uno de los argumentos más contundentes para el archivo de la causa es el factor temporal. Los hechos que Mas pretendía investigar se sitúan cronológicamente entre los años 2012 y 2015. Dado que el plazo máximo de prescripción para los delitos planteados es de diez años, la Audiencia Nacional considera que cualquier posible responsabilidad penal se habría extinguido ya.
- Los episodios denunciados fueron objeto de análisis en procesos anteriores sin resultados condenatorios.
- La utilización de recortes de prensa como base jurídica es insuficiente según la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
- No se ha acreditado una continuidad delictiva que permita saltarse los plazos de prescripción establecidos.
La cuestión de la competencia y la forma de Gobierno
El caso ha vivido un periplo jurisdiccional notable. Inicialmente, la defensa de Mas presentó la denuncia en los juzgados de Barcelona, pero estos se inhibieron en favor de la Audiencia Nacional al considerar que el afectado era el presidente de una alta institución del Estado. Sin embargo, el tribunal central ha rechazado esta premisa, alineándose con la postura de la Fiscalía Anticorrupción.
El auto aclara que, aunque Artur Mas ocupara la presidencia de la Generalitat, las supuestas acciones ilícitas denunciadas no supusieron un ataque directo a la forma de Gobierno ni a la estabilidad de las instituciones estatales. Por tanto, la Audiencia Nacional concluye que no posee la competencia necesaria para liderar esta investigación, lo que debilita aún más la viabilidad del procedimiento en esta instancia.
El factor Pegasus: de la sospecha a la falta de conexión
Respecto al uso del sistema de espionaje Pegasus, la querella intentaba vincularlo como una pieza más de la guerra sucia política. Si bien existen informes periciales que sugieren que el terminal de Mas pudo ser intervenido a partir de 2015, el magistrado es tajante: no hay ningún elemento que permita conectar ese espionaje con las figuras políticas y policiales señaladas en la querella, entre las que se encontraban Jorge Fernández Díaz o antiguos directivos del CNI.
Para la justicia, establecer una conexión entre el software israelí y los querellados sin aportar indicios concretos es entrar en el terreno de la conjetura. Además, el juez recuerda que el delito de revelación de secretos, en el que encajaría el uso de Pegasus, tampoco sería competencia de la Audiencia Nacional en este contexto específico.
Legitimidad estatal y el horizonte de apelación
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de oposición, ha recordado que el Estado tiene la legitimidad necesaria para actuar contra cualquier movimiento que amenace el orden constitucional, siempre que dicha actuación se enmarque en la estricta legalidad. Esta posición refuerza la tesis de que las investigaciones sobre el independentismo no son ilegales por definición, sino que deben evaluarse bajo el prisma del cumplimiento normativo.
A pesar de este cierre de puertas, el equipo jurídico de Artur Mas ya ha anunciado que presentará un recurso de apelación. El objetivo será intentar revertir la inadmisión y buscar que la Audiencia Nacional o, en su defecto, los juzgados ordinarios, profundicen en una trama que el expresidente considera una vulneración sistemática de sus derechos fundamentales y de la integridad democrática.