La justicia ha marcado un punto de inflexión en el devenir político y judicial de la provincia de Almería. Tras meses de diligencias y análisis de informes policiales, el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha diseñado un calendario de declaraciones que llevará a un total de 32 personas ante el estrado. Este proceso, que se activará el próximo 28 de mayo, sitúa el foco sobre la presunta gestión irregular de fondos públicos durante la crisis sanitaria, afectando directamente a la cúpula de la Diputación de Almería en la legislatura pasada.
Un calendario judicial estratégico tras las urnas
El diseño de las citaciones no parece haber sido dejado al azar. Las fechas elegidas por la magistrada encargada del caso aseguran que el desfile de investigados por los juzgados comience apenas 11 días después de la jornada electoral en Andalucía. Esta decisión permite que el ruido mediático de los interrogatorios no interfiera directamente en el periodo de campaña, aunque el calado político de la trama promete marcar la agenda de la nueva legislatura regional.
La lista de comparecientes es extensa y podría ampliarse, ya que aún quedan recursos pendientes de resolución que afectan a otros siete individuos. La estructura de las declaraciones culminará el 26 de junio con la intervención de Javier Aureliano García, quien fuera presidente del ente supramunicipal y que se vio obligado a dimitir el pasado noviembre tras su implicación en este complejo entramado de adjudicaciones irregulares.
El entramado de las mascarillas y el sobrecoste millonario
El núcleo de la investigación reside en un contrato firmado en abril de 2020 por valor de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario. Según las pesquisas, la operación con la empresa Azor Corporate, vinculada al presunto comisionista Kilian López, habría generado un sobrecoste de un millón de euros. Los informes de la Guardia Civil sugieren que este excedente no fue un error de cálculo, sino la base para el reparto de supuestas «mordidas».
- Primeras declaraciones: Kilian López será el encargado de abrir la ronda de interrogatorios a finales de mayo.
- Cifras bajo sospecha: La UCO estima que las comisiones ilegales podrían oscilar entre los 200.000 y los 400.000 euros.
- Contratos menores: Además de las mascarillas, la lupa judicial se extiende a diversas obras adjudicadas entre 2016 y 2021.
Mecanismos de blanqueo y movimientos de efectivo
Uno de los puntos más críticos del sumario es la descripción de la operativa utilizada para, presuntamente, integrar el dinero ilícito en el sistema financiero. La Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto especial énfasis en el uso de cuentas bancarias familiares para el pago de deudas personales. En el caso de Javier Aureliano García, los investigadores sospechan que se utilizaron cuentas a nombre de sus padres y su hermana para sufragar las cuotas de una hipoteca del expresidente.
Los registros domiciliarios han aportado pruebas materiales que complican la defensa de los implicados. Se han detectado sobres con miles de euros en efectivo, tablas con anotaciones sobre propiedades inmobiliarias y estructuras societarias que, bajo una apariencia de legalidad, habrían servido para el blanqueo de capitales. Incluso se investiga una cooperativa agrícola vinculada a la familia del exdirigente del PP por su posible uso como canal de transferencia de fondos mediante operativas simuladas.
Vicepresidentes y cargos locales en la diana
La red de responsabilidades se extiende a otros nombres clave de la política almeriense. Óscar Liria, antiguo vicepresidente tercero, fue uno de los primeros en caer tras el estallido del caso en 2021. Las pruebas en su contra incluyen el hallazgo de grandes sumas de dinero en metálico y la supuesta adquisición de vehículos de lujo para su entorno cercano a través de empresas pantalla.
Por otro lado, la figura de Fernando Giménez, también exvicepresidente, aparece vinculada a la recepción de un posible porcentaje fijo por cada adjudicación amañada. La investigación ha revelado episodios casi cinematográficos, como el seguimiento policial que detectó a familiares de los imputados transportando fustas de almohada cargadas con casi 120.000 euros en efectivo, vinculados presuntamente a contratos municipales en localidades como Fines.
Hacia la transparencia institucional
Este proceso judicial no solo busca depurar responsabilidades penales, sino que pone a prueba la robustez de los mecanismos de control en las administraciones locales. La corrupción sistémica que describe el informe de la Guardia Civil plantea un escenario de regeneración necesaria para la Diputación de Almería. Mientras los investigados mantienen su presunción de inocencia, el desfile por el Juzgado de Instrucción número 1 determinará si estas operativas financieras formaban parte de una red organizada para el lucro personal a costa de la emergencia sanitaria.