La gestión de la contratación pública vuelve a situarse en el epicentro del debate tras conocerse los resultados de una auditoría interna en Mercasa. El informe de cumplimiento de la entidad estatal ha hecho saltar las alarmas al identificar fallos estructurales y «aspectos críticos» en la adjudicación de un contrato menor destinado a la constructora Servinabar. Esta empresa, administrada por Antxon Alonso, se encuentra bajo estrecha vigilancia judicial debido a sus vínculos con el entorno de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE.
Cronología inversa: trabajos ejecutados antes de ser contratados
Uno de los hallazgos más sorprendentes de la fiscalización interna es la anómala línea temporal del proceso. Según el documento remitido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las labores técnicas contratadas se habrían llevado a cabo meses antes de que se formalizara el expediente administrativo. Este desfase supone, en palabras de la propia auditoría, un «incumplimiento manifiesto de la normativa aplicable» y pone en entredicho el respeto a los procedimientos legales de la administración pública.
El contrato en cuestión, valorado en 14.975 euros más IVA (alcanzando un total de 18.119,75 euros), tenía como objetivo teórico el análisis del estado físico de las oficinas centrales de Mercasa en Madrid. Sin embargo, la investigación interna apunta a un riesgo crítico de vulneración de la legalidad al saltarse los pasos previos obligatorios para cualquier desembolso de fondos públicos.
Ausencia de competencia y falta de rigor documental
Más allá de la fecha de ejecución, el informe detalla una serie de omisiones técnicas que habrían facilitado la adjudicación directa a Servinabar:
- Falta de presupuestos comparativos: No existe evidencia de que se solicitaran las tres ofertas recomendadas por la normativa de Mercasa para asegurar la libre competencia y el mejor precio.
- Invasión de competencias: El expediente fue impulsado por la Dirección de Desarrollo Corporativo, un área que carecía de atribuciones sobre el mantenimiento o las obras de la sede, tareas que correspondían a la Dirección Adjunta Técnica.
- Deficiencias en el entregable: Se detectaron versiones contradictorias del informe técnico solicitado, las cuales carecían de firma o sello oficial que avalara su autoría.
El impacto en la investigación judicial de la UCO
Este informe de Mercasa se ha convertido en una pieza clave para el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. La justicia investiga si este y otros contratos formaron parte de una red de posibles comisiones ilegales y mediaciones irregulares. En la operación ya han sido señalados perfiles de alto calado, como el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y la exmilitante Leire Díez, bajo la sospecha de haber articulado un sistema de beneficios a cambio de contratos en empresas públicas.
Resulta especialmente relevante el hecho de que, tras el pago de la factura a la constructora de Antxon Alonso, el estudio técnico nunca llegó a utilizarse para las reformas posteriores de la sede. Esto refuerza la tesis de una contratación cuya finalidad real podría distar del objeto oficial del concierto.
¿Un error aislado o un síntoma sistémico?
A pesar de la gravedad de los hechos, la auditoría de Mercasa intenta acotar el problema calificándolo como un «hecho singular». Tras revisar el histórico de contrataciones de la constructora desde el año 2019, la entidad asegura que no se han detectado prácticas similares de forma reiterada. No obstante, la coincidencia de los nombres implicados y la vinculación política de los mismos mantiene el foco sobre la transparencia en la gestión de los mercados de abastos.
En conclusión, el caso de Servinabar en Mercasa no solo evidencia fallos en los controles preventivos de la empresa pública, sino que abre un nuevo capítulo en la fiscalización de los contratos menores, una herramienta administrativa que, por su flexibilidad, sigue siendo el talón de Aquiles de la integridad en el sector público español.