La tensión institucional en la cúpula de la Guardia Civil ha alcanzado un nuevo punto crítico tras la comparecencia de su directora, Mercedes González, en el Senado. Lejos de una intervención puramente técnica, la jornada estuvo marcada por un sutil pero firme enfrentamiento dialéctico entre la dirección política y los mandos operativos de la Unidad Central Operativa (UCO). González ha intentado blindar la imagen del Cuerpo mientras desacreditaba, mediante el uso de la ironía y el desmentido directo, las graves acusaciones de injerencia política vertidas por generales de la propia unidad de élite.
Defensa del mando y desmentido de las instrucciones políticas
Uno de los ejes centrales de la comparecencia fue la protección de la figura del teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO). González rechazó de forma categórica que Llamas hubiera dado instrucciones para que los investigadores se mantuvieran al margen de causas que afectan al entorno del PSOE. Según la versión del general Rafael Yuste, jefe de la UCO hasta finales de 2025, se le instó a que la unidad debía «ponerse de perfil» en pesquisas sensibles, específicamente aquellas relacionadas con David Sánchez.
Para contrarrestar este testimonio, la directora apeló a la hoja de servicio de su mano derecha. Argumentó que un veterano con cuatro décadas de trayectoria y pasado en la lucha contra el terrorismo jamás utilizaría tales expresiones. Este movimiento busca presentar las acusaciones de los generales Yuste y López Malo no como una denuncia de mala praxis, sino como una interpretación distorsionada de la realidad operativa.
- Negación absoluta de directrices para suavizar investigaciones políticas.
- Respaldo incondicional a la trayectoria profesional del teniente general Manuel Llamas.
- Cuestionamiento de los testimonios que apuntan a una cúpula politizada.
El enigma de los encuentros: entre el café y el té
La relación de González con Leire Díez, figura clave en la trama de supuestas filtraciones y desprestigio, ocupó gran parte del interrogatorio. La directora de la Benemérita admitió contactos que anteriormente habían sido minimizados o negados, aunque trató de despojarlos de cualquier carácter oficial. En una frase que ya resuena en los pasillos de la Cámara Alta, González afirmó que no se trataba de reuniones de trabajo, sino de simples tés compartidos, intentando reducir la relevancia de estos vínculos con la «fontanera» de Ferraz.
No obstante, los informes de la UCO contradicen esta visión informal. Los investigadores han documentado encuentros y comunicaciones que coinciden con momentos críticos de la apertura de expedientes internos. González mantiene que su última cita con Díez fue en abril de 2025, centrada en la situación de un mando investigado, pero el rastro digital muestra mensajes de WhatsApp posteriores, incluso después de recibir alertas de la Jefatura de Información sobre las actividades de Díez.
Contradicciones en los informes de ambiente y presión
La estrategia de defensa de Mercedes González se apoyó notablemente en la ironía al referirse al supuesto «buen ambiente» que reinaba en la unidad, según los propios mandos que ahora denuncian presiones. La directora recordó reuniones celebradas en mayo de 2025 donde, según su relato, los generales no solo no manifestaron malestar, sino que agradecieron el apoyo del Ministerio del Interior.
Esta discrepancia temporal es la principal baza de la directora: se pregunta cómo es posible que unos mandos que declaraban normalidad absoluta ante ella, denuncien un año después una campaña de hostigamiento a través de informaciones reservadas. Para los investigadores del caso Leire Díez, sin embargo, esta aparente calma era el preludio de una estrategia de desestabilización judicial que buscaba frenar el avance de causas que incomodaban al Ejecutivo.
Silencio administrativo ante las alertas de anticorrupción
Quizás el punto más controvertido de su gestión es la decisión de no judicializar las advertencias que recibió de sus subordinados. Tanto la unidad anticorrupción como la Jefatura de Información alertaron a González sobre la existencia de una trama que buscaba desacreditar a los agentes de la Guardia Civil. A pesar de la recomendación de los mandos de elevar estos datos a la autoridad judicial o fiscal, la directora optó por no iniciar acciones externas.
Este bloqueo de la información interna es el que ha llevado al juez Santiago Pedraz a investigar las ramificaciones de una red que, presuntamente, instrumentalizó la Dirección General para proteger intereses partidistas. La comparecencia concluye dejando en el aire una pregunta fundamental para la salud democrática de la institución: ¿actuó la dirección por omisión o bajo un plan deliberado para proteger al Gobierno de las investigaciones de su propia policía judicial?
El cierre de esta etapa en el Senado no disipa las dudas, sino que profundiza la fractura entre la gestión política de Mercedes González y el criterio técnico de una UCO que se siente bajo asedio interno mientras intenta cumplir con su mandato constitucional.