Frente a la narrativa habitual sobre la presión migratoria en los servicios públicos, los datos técnicos ofrecen un diagnóstico diferente. El informe «Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España», presentado recientemente por el Ministerio de Sanidad, revela que las personas nacidas fuera de nuestras fronteras no solo utilizan menos los recursos médicos, sino que lo hacen de forma más fragmentada y tardía que la población local.
Un consumo asistencial muy por debajo de la media nacional
La estadística es contundente al comparar el comportamiento de los ciudadanos españoles con el de los inmigrantes. Según ha detallado la ministra Mónica García, la población autóctona realiza entre un 18% y un 51% más de visitas a los centros de Atención Primaria. Esta brecha no solo se limita a las consultas presenciales, sino que se extiende a la farmacia: el consumo de medicamentos por parte de los nacidos en España supera al de los extranjeros en una horquilla de entre el 32% y el 69%.
Este fenómeno se explica, en gran medida, por la menor incidencia de patologías crónicas. La tasa de españoles que conviven con tres o más enfermedades de larga duración es hasta un 65% superior a la de los colectivos migrantes. Esto demuestra que la presión estructural sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS) proviene principalmente del envejecimiento y la cronicidad de la población residente de origen nacional.
El efecto del ‘inmigrante sano’ y su deterioro social
Una de las conclusiones más reveladoras del estudio es que las personas migrantes suelen aterrizar en España con un estado de salud óptimo, superior incluso al de los locales. Sin embargo, esta «ventaja biológica» inicial se diluye con el tiempo debido a los denominados determinantes sociales de la salud.
- Precariedad laboral: Trabajos físicos intensos o en condiciones de inseguridad.
- Vivienda: Dificultades de acceso a hogares salubres o situaciones de hacinamiento.
- Barreras administrativas: Complejidad en los trámites que dificulta el seguimiento preventivo.
- Obstáculos lingüísticos: Retos en la comunicación que impiden una atención fluida.
La ministra ha advertido que, cuando se rompe la continuidad asistencial, los pacientes terminan acudiendo a los servicios de Urgencias con cuadros clínicos agravados que habrían sido evitables con un diagnóstico precoz en Atención Primaria. Esta falta de prevención es, en última instancia, menos eficiente y más costosa para el erario público.
Excepciones clínicas y vulnerabilidad de género
Aunque la tendencia general apunta a una mejor salud, el informe identifica patologías específicas donde la población migrante presenta peores indicadores. Por ejemplo, se observa una mayor prevalencia de hipertensión arterial e insuficiencia renal en personas de origen africano, mayor incidencia de diabetes en el Mediterráneo Oriental y un incremento de infartos en la población procedente de otras regiones de Europa.
Mención especial reciben las mujeres migrantes, quienes enfrentan una intersección de vulnerabilidades. Los sesgos de género, sumados a la precariedad económica y las barreras de origen, dificultan su acceso a servicios esenciales como la interrupción voluntaria del embarazo, generando resultados de salud más desfavorables que en el resto de los grupos analizados.
Contribución económica frente a los recortes públicos
El Ministerio de Sanidad ha aprovechado la presentación para rebatir los argumentos que vinculan la inmigración con el colapso sanitario. Se ha recordado que la población migrante contribuye activamente al sostenimiento del sistema mediante el pago de impuestos indirectos (como el IVA) y, de forma creciente, a través de cotizaciones tras los procesos de regularización.
En este sentido, los datos de uso de la sanidad privada también arrojan luz sobre la equidad del sistema: el 61,5% de los inmigrantes depende exclusivamente de la sanidad pública, frente al 59,3% de los españoles. Sanidad sostiene que el verdadero riesgo para el sistema no es la universalidad, sino la baja inversión y la privatización, que son los factores que realmente amenazan la red de seguridad que representa el SNS.
En conclusión, el acceso universal regulado por el reciente Real Decreto 180/2026 no es solo una medida de humanidad, sino una estrategia coste-efectiva. Garantizar que toda persona que resida en el país pueda acudir al médico de cabecera evita el colapso de las urgencias y asegura una vigilancia epidemiológica que protege al conjunto de la sociedad.