El escenario jurídico para la anterior cúpula de la Conselleria de Igualdad ha experimentado un giro de 180 grados. Tras meses de incertidumbre procesal, la Audiencia de Valencia ha dictaminado que existen fundamentos suficientes para que la exvicepresidenta Mónica Oltra se enfrente a un juicio oral. Esta decisión revoca las determinaciones previas de archivo y coloca el foco sobre la actuación institucional ante los delitos cometidos por su exesposo contra una menor bajo tutela pública.
De la exoneración provisional a la apertura del proceso judicial
Lo que inicialmente se interpretó como el fin del calvario judicial para la dirigente de Compromís ha resultado ser un paréntesis. El tribunal provincial ha corregido el rumbo fijado por el Juzgado de Instrucción número 15, que en diciembre pasado optó por el sobreseimiento provisional. La nueva orden judicial subraya que, ante la existencia de indicios racionales de criminalidad expuestos por las acusaciones, no se puede privar a estas del derecho a celebrar una vista pública donde se diriman las responsabilidades.
El argumento central de la Audiencia descansa en la «probabilidad» de que los hechos investigados encajen en tipos delictivos concretos. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la valoración realizada por las partes acusadoras es razonable, lo que obliga constitucionalmente a permitir que el caso sea juzgado en lugar de archivado prematuramente en la fase de instrucción.
Los fundamentos de la investigación: gestión y responsabilidades
El proceso no se limita exclusivamente a la figura de Mónica Oltra. La resolución judicial arrastra consigo a otros nueve investigados, todos ellos vinculados en su momento a la gestión de las políticas de Igualdad y Políticas Inclusivas. La investigación busca determinar si hubo una estrategia coordinada para minimizar el impacto del caso de abusos sexuales o si se omitieron deberes de protección fundamentales hacia la víctima.
- Análisis del protocolo de actuación tras la denuncia de la menor tutelada.
- Investigación sobre la cadena de comunicaciones dentro de la Conselleria.
- Evaluación de posibles delitos de prevaricación o abandono de funciones.
- Revisión de los informes técnicos emitidos durante el periodo de los hechos.
Un escenario complejo para la antigua dirección valenciana
Este nuevo capítulo procesal supone un revés no solo para la defensa de los implicados, sino para el relato de normalidad institucional que se pretendía recuperar. La Audiencia de Valencia insiste en que el instructor no tiene la potestad de cerrar el paso a la acusación si la conducta analizada puede ser vista, con base en pruebas, como una infracción penal.
Con la apertura del juicio oral, la justicia valenciana entrará a valorar en profundidad si la estructura de la administración actuó con la diligencia debida o si, por el contrario, existió una voluntad de proteger la carrera política de la entonces vicepresidenta por encima del bienestar de la adolescente afectada. El banquillo espera ahora a diez personas que marcaron la agenda social valenciana durante casi una década.