La comparecencia de María Jesús Montero ante la comisión de investigación del Senado ha servido para escenificar un choque frontal entre la narrativa gubernamental y la fiscalización de la oposición. En un ejercicio de defensa institucional, la actual vicepresidenta y candidata a la Junta de Andalucía ha sostenido que todas las intervenciones financieras realizadas a través de la SEPI durante la pandemia se ajustaron estrictamente a derecho, delegando la responsabilidad de las decisiones en los criterios técnicos de los profesionales encargados de evaluar los expedientes.
Rigor técnico y validación institucional frente a las sospechas
Lejos de aceptar las tesis de irregularidad planteadas por formaciones como el PP, Vox y UPN, Montero ha estructurado su discurso en torno a la solvencia de los procedimientos. Según su testimonio, el Consejo de Ministros no actuó de forma arbitraria, sino que se limitó a ratificar ayudas que ya contaban con el visto bueno de estamentos técnicos y asesores independientes. Para la dirigente socialista, el hecho de que ningún tribunal haya encontrado pruebas de ilegalidad hasta la fecha es el argumento definitivo contra las acusaciones de la oposición.
La exministra de Hacienda ha querido marcar una línea roja clara entre lo que la opinión pública denomina «rescates» y lo que, en términos contables y jurídicos, son préstamos reembolsables. Ha hecho especial hincapié en que estas inyecciones de liquidez a compañías como Air Europa o Plus Ultra no representan una pérdida para el erario público, ya que las empresas están cumpliendo con el calendario de devoluciones establecido bajo la supervisión de la Comisión Europea.
El blindaje jurídico: de la IGAE al Tribunal de Justicia de la UE
Uno de los ejes centrales de la defensa de Montero ha sido la enumeración de los organismos que, de una forma u otra, han validado la gestión de los fondos públicos. La transparencia del proceso vendría avalada por una arquitectura de control que incluye:
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea: Respaldó la operación de Air Europa frente a recursos de competidores.
- Tribunal de Cuentas: Organismo encargado de fiscalizar la eficiencia del gasto público.
- Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): Cuyo papel es preventivo y supervisor en la gestión interna.
- Comisión Europea: Que autorizó el marco general de ayudas estatales por la crisis del COVID-19.
Bajo esta premisa, la vicepresidenta argumentó que cuestionar estas ayudas supone poner en duda la profesionalidad de los altos funcionarios y de los mecanismos de control del Estado español y europeo, insistiendo en que la justicia ordinaria ya ha archivado o desestimado diversas querellas sobre estos mismos expedientes en el pasado.
Conflictos de interés y el escenario político en Andalucía
La comparecencia no ha estado exenta de contenido político y personal. Montero ha calificado de «ofensivas» las tentativas de vincular los rescates con el entorno familiar del presidente, mencionando específicamente a Begoña Gómez. En su análisis, las actuaciones del juez Peinado carecen de base sólida, citando las correcciones que la Audiencia Nacional ha realizado sobre la instrucción del caso en repetidas ocasiones.
En cuanto a la esfera política interna del PSOE, Montero admitió una ruptura de confianza con Santos Cerdán tras conocerse ciertos informes de la UCO, aunque matizó que se trataba de conductas que ella considera inapropiadas pero no necesariamente ilegales. Esta distinción entre la ética política y la responsabilidad penal fue una constante durante todo su interrogatorio.
Finalmente, la sesión concluyó con un duro reproche hacia el Partido Popular. Montero acusó a la formación de utilizar la Cámara Alta como una herramienta electoralista para interferir en la campaña andaluza. Según su versión, la citación en este momento preciso no responde a una necesidad de esclarecer la gestión de la SEPI, sino a una estrategia para erosionar su imagen pública en plena carrera por la presidencia de la Junta, denunciando lo que considera una instrumentalización partidista de las instituciones democráticas.
La jornada cerró con un intenso intercambio dialéctico entre la compareciente y la presidencia de la comisión, dejando claro que, más allá de los datos técnicos sobre solvencia y liquidez empresarial, el debate sobre los fondos públicos sigue siendo uno de los campos de batalla más polarizados de la legislatura.