El silencio de Montero: Las advertencias ignoradas sobre la trama de Ábalos
La cúpula del Partido Popular ha lanzado una ofensiva política tras revelarse que la actual vicepresidenta, María Jesús Montero, tuvo conocimiento previo de los movimientos sospechosos de José Luis Ábalos y el comisionista Víctor de Aldama. Según las últimas informaciones, la ministra de Hacienda habría sido alertada por el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, sobre las presiones del exministro de Transportes para favorecer intereses privados en una operación inmobiliaria pública.
La respuesta de Montero ante el aviso de que un «conseguidor» como Aldama estaba mediando en activos estatales fue un lacónico «tomo nota». Para la oposición, este gesto no fue una simple respuesta administrativa, sino la prueba de una voluntad deliberada de ocultar la corrupción para proteger la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La SEPI y el complejo Campos Velázquez: El epicentro del conflicto
El núcleo de esta controversia reside en el intento de adquisición de unos terrenos pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la calle María de Molina de Madrid. Víctor de Aldama habría registrado una oferta millonaria por este complejo, pero la operación tomó un rumbo inesperado tras la intervención de Koldo García, asesor de confianza de Ábalos.
De acuerdo con testimonios surgidos en el marco judicial, la orden de frenar la compra respondió a intereses externos vinculados al entorno más cercano del Palacio de la Moncloa. Se apunta a que la operación podría haber colisionado con las necesidades del Instituto de Empresa (IE), institución donde en aquel momento desempeñaba funciones Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Este cruce de intereses inmobiliarios y familiares es lo que el Partido Popular califica ahora como un ejemplo sistémico de tráfico de influencias.
Reacción del PP: «A todos los une Sánchez»
Desde las filas populares, las críticas han sido feroces. Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, ha subrayado que estas revelaciones no son hechos aislados, sino puntos que conectan directamente con la figura de Pedro Sánchez. La estrategia de la formación conservadora es clara: demostrar que el sanchismo ha instaurado un modelo de gestión basado en el favoritismo y la opacidad.
- Alicia García: Denuncia que Montero guardó en un «cajón» evidencias de un trato de favor millonario.
- Cuca Gamarra: Sostiene que el conocimiento de la ministra y su posterior silencio demuestran una complicidad estructural en la trama.
- Ester Muñoz: Insiste en que la línea de puntos de todas estas irregularidades termina invariablemente en el despacho del presidente.
Consecuencias políticas de una gestión bajo sospecha
La figura de María Jesús Montero queda en una posición delicada. El hecho de que fuera informada de que Ábalos estaba mediando por un empresario ajeno a la administración y que su única reacción fuera «tomar nota» plantea serias dudas sobre los mecanismos de control interno del Ministerio de Hacienda. La oposición cuestiona por qué no se activaron protocolos de transparencia o se informó a la fiscalía de inmediato.
Este nuevo capítulo de la corrupción de Ábalos, extraído de las investigaciones periodísticas que analizan las redes de influencia en el Gobierno, sugiere que el Ejecutivo priorizó la protección de sus miembros y de los vínculos familiares sobre el interés general. La conclusión para el Partido Popular es tajante: el Gobierno no solo conocía las prácticas de la trama, sino que las consintió mientras resultaron útiles para su arquitectura de poder.