La postura de Podemos en materia migratoria ha dado un giro hacia la confrontación directa con las políticas de la Unión Europea. Irene Montero, principal figura de la formación, ha calificado como una «atrocidad humanitaria» el reciente acuerdo alcanzado por varios países del bloque para externalizar la gestión migratoria. Según la líder política, la creación de centros de traslado de migrantes en suelo africano no es más que la instauración de campos de concentración financiados por las instituciones europeas.
El rechazo al modelo Ruanda y la militarización social
El pacto sellado por naciones como Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria para enviar a solicitantes de asilo rechazados a Ruanda a partir de 2027 ha encendido las alarmas en el sector más a la izquierda del espectro político español. Montero describe este proyecto no como una solución administrativa, sino como una gran infraestructura carcelaria que pone en peligro la integridad física y moral de miles de personas.
Para la candidata, esta estrategia es el síntoma de una deriva peligrosa hacia la economía de guerra y la militarización de la convivencia ciudadana. Desde su perspectiva, el uso de fondos públicos para confinar a seres humanos que buscan prosperar es una decisión criminal que despoja a Europa de sus supuestos valores democráticos. La formación se compromete a ejercer una oposición activa para frenar la puesta en marcha de estas instalaciones, abogando por un modelo que no priorice el encierro frente a la acogida.
Propuestas para una ciudadanía plena: DNI y voto
Frente al control fronterizo tradicional, el programa de Podemos propone una transformación total del concepto de nacionalidad española. El eje central de su propuesta se resume en que cualquier persona que resida y aporte su fuerza de trabajo en España debe acceder automáticamente a la ciudadanía plena. Esto implica la concesión del DNI español y, por consiguiente, el ejercicio del derecho al sufragio.
- Nacionalidad por suelo: Reconocimiento de la nacionalidad de origen para niños nacidos en España cuyos padres lleven al menos un año de residencia legal.
- Voto universal: Vinculación del derecho a decidir con la participación económica y social en el país, eliminando las barreras actuales para los extranjeros.
- Regularización permanente: Establecimiento de mecanismos de arraigo que no dependan exclusivamente de la posesión de un contrato laboral formal.
Derogación de la Ley de Extranjería y fin de Frontex
La arquitectura legal vigente es, según los planteamientos de la formación morada, un obstáculo para la integración real. Por ello, exigen la derogación de la Ley de Extranjería para sustituirla por un marco normativo integral basado estrictamente en los derechos humanos. Este nuevo enfoque incluye la protección reforzada de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) y un sistema de tutela garantista para los jóvenes que alcanzan la mayoría de edad sin red de apoyo.
En el plano internacional, la estrategia de Podemos pasa por un desmantelamiento de las estructuras actuales de vigilancia. La propuesta más ambiciosa es la abolición de la agencia Frontex. En su lugar, defienden la creación de una entidad europea cuya única misión sea el salvamento marítimo y la búsqueda de personas, transformando el control policial en asistencia humanitaria obligatoria. Además, el partido planea impugnar las normativas europeas que facilitan las devoluciones, buscando un amparo judicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Un cambio de paradigma en la integración social
La conclusión del programa migratorio que defiende Irene Montero es clara: España debe abandonar el enfoque punitivo para liderar una política de inclusión radical. Al proponer métodos alternativos al empadronamiento para acreditar la estancia en el país —como el uso de registros sanitarios o tarjetas de transporte—, se busca facilitar el camino hacia la legalidad de miles de personas que hoy viven en la sombra. Este modelo no solo busca resolver una crisis de derechos, sino reformular el contrato social español bajo la premisa de que la convivencia es la base de la seguridad nacional.
