En un movimiento de cierre de filas institucional, el Gobierno ha salido en defensa cerrada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La encargada de liderar este respaldo ha sido Diana Morant, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, quien ha restado importancia al hallazgo de objetos de valor en las dependencias del exmandatario, asegurando que su trayectoria política es inmune a este tipo de polémicas judiciales.
El legado político frente a la controversia de las joyas
Para la ministra Morant, la comparecencia de Zapatero en la Audiencia Nacional como investigado por la trama Plus Ultra no supone un menoscabo a su figura. En los pasillos del Congreso de los Diputados, la titular de Ciencia fue contundente al afirmar que el peso histórico de Zapatero no puede ser borrado por la aparición de joyas de alto valor en su oficina. Según Morant, el expresidente ofrecerá todas las aclaraciones necesarias, pero subrayó que el enfoque mediático sobre sus pertenencias personales es desproporcionado.
La ministra también puso sobre la mesa la necesidad de debatir sobre el estatuto de los expresidentes, cuestionando por qué solo a ciertos perfiles políticos se les fiscaliza de forma tan exhaustiva su patrimonio personal, sugiriendo que poseer objetos de lujo no debería ser motivo automático de sospecha criminal.
Dudas sobre el origen de la investigación y el papel de Estados Unidos
Uno de los puntos más críticos del discurso de Morant fue el cuestionamiento de las pruebas que sustentan el caso Plus Ultra. La ministra vinculó directamente la aparición de informaciones comprometidas con el actual contexto geopolítico de España. En este sentido, destacó varios puntos de análisis sobre la legitimidad del proceso:
- La dudosa procedencia de los datos obtenidos mediante la clonación del teléfono de un ciudadano venezolano por parte de autoridades estadounidenses en 2021.
- La coincidencia temporal entre estas filtraciones y la postura del Gobierno de Pedro Sánchez ante potencias como China o el propio Estados Unidos.
- El riesgo de derivar en una investigación prospectiva, práctica prohibida en el Estado de Derecho que consiste en entrar en domicilios u oficinas para buscar pruebas sin un indicio sólido previo.
La desarticulación de tramas paralelas: El caso de Leire Díez
Morant también aprovechó su intervención para valorar la reciente declaración de Mercedes González, directora de la Guardia Civil, en relación con sus contactos con Leire Díez. La ministra calificó a esta última como una figura sin relevancia real, apodándola como una «Antoñita la fantástica» cuyas supuestas redes para influir en causas judiciales no tenían fundamento.
Según la versión del Ejecutivo, muchos cargos públicos accedieron a reunirse con Díez por cortesía y falta de malicia, pero cortaron cualquier vínculo en cuanto las pretensiones de la investigada se hicieron evidentes. Con este argumento, Morant intenta desvincular al PSOE de cualquier intento de desestabilización del sistema judicial, lanzando un dardo directo al Partido Popular al recordar episodios como el caso Kitchen y el uso de las llamadas «cloacas del Estado».
Estabilidad parlamentaria y el futuro de los presupuestos
Finalmente, el análisis de la ministra tocó la esfera de la gobernabilidad. Ante las presiones de socios como el PNV, que sugieren un adelanto electoral si no se consolidan las cuentas públicas, Morant defendió la robustez del Gobierno. La ministra aseguró que, si bien el objetivo es aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado, la actual prórroga presupuestaria está demostrando ser una herramienta eficaz para mantener la operatividad del país sin necesidad de convocar a las urnas de forma prematura.
En conclusión, el Gobierno opta por una estrategia de defensa proactiva, atacando la raíz de las investigaciones judiciales y tratando de encapsular las sospechas de corrupción como intentos externos de desestabilización política.