La justicia de Barcelona ha cerrado la puerta, al menos en primera instancia, a investigar la polémica intervención de los Mossos d’Esquadra durante las protestas propalestinas de finales de 2024. El Juzgado de Instrucción número 6 de la capital catalana ha decidido inadmitir la querella que cuestionaba el empleo de gas pimienta contra los manifestantes en la estación de Sants, una decisión que ha generado una respuesta inmediata por parte de organizaciones civiles.
Rapidez judicial y críticas por falta de investigación
Lo que más ha sorprendido a los equipos jurídicos de la asociación Irídia no es solo el fondo de la resolución, sino la celeridad con la que se ha resuelto el asunto. Según denuncia la entidad de derechos humanos, el rechazo a la querella se firmó apenas 48 horas después de su interposición el pasado mes de diciembre, aunque la notificación oficial a las partes no se ha producido hasta mediados de enero. Esta premura, a ojos de los querellantes, sugiere una falta de voluntad para realizar diligencias básicas de comprobación.
La magistrada a cargo del caso sostiene que el despliegue policial y el uso de agentes químicos se ajustaron a la legalidad y a los protocolos internos del cuerpo. Sin embargo, este argumento choca frontalmente con la postura de la propia administración catalana, donde se ha reconocido abiertamente que las normativas sobre el uso de gas pimienta están actualmente bajo un proceso de revisión profunda debido a sus implicaciones sanitarias y de seguridad ciudadana.
Contradicciones en los protocolos de Interior
El escenario jurídico se vuelve más complejo al analizar las declaraciones políticas que rodean el caso. Mientras la magistrada da por válidos los protocolos actuales, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha admitido en sede parlamentaria que existe una necesidad de actualizar estas guías de actuación. La defensa de los manifestantes subraya varios puntos críticos en este conflicto:
- La posible vulneración de las guías de Naciones Unidas sobre el uso de armas menos letales en contextos de protesta.
- La falta de una investigación que permita determinar si la proporcionalidad de la fuerza fue la adecuada para el riesgo percibido.
- La dificultad sistémica para identificar a los agentes implicados en el uso de sustancias químicas en entornos cerrados o concurridos.
El obstáculo de la identificación y el nexo causal
Uno de los pilares del rechazo judicial reside en la dificultad para vincular directamente las lesiones de los manifestantes con la actuación de agentes específicos. La magistrada argumenta que no existe una acreditación suficiente de la causalidad ni una identificación clara de los funcionarios que accionaron los dispositivos de gas. Esta es una barrera recurrente en los procesos de violencia institucional, donde la falta de una numeración visible o de registros detallados suele terminar en el archivo de las causas.
Para Irídia, esta forma de proceder crea un escenario de indefensión jurídica, ya que se exige a las víctimas una carga de la prueba casi imposible de conseguir sin la colaboración activa de un juzgado que ordene peritajes y revisiones de las cámaras de seguridad. La asociación considera que validar la actuación policial sin haber practicado ni una sola diligencia de prueba supone un precedente peligroso para el derecho de reunión y manifestación en Cataluña.
Siguiente paso: Recurso ante la Audiencia de Barcelona
La batalla legal no termina con este archivo. Los servicios jurídicos que representan a los heridos en la protesta del 15 de octubre ya han anunciado que presentarán un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona. El objetivo es que una instancia superior obligue al juzgado de instrucción a reabrir el caso y a investigar si el uso de este material antidisturbios fue realmente una medida de último recurso o una acción desproporcionada contra la población civil.
Este caso pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la transparencia policial y la necesidad de mecanismos de control externo que no dependan exclusivamente de la interpretación jerárquica de los protocolos, especialmente cuando estos están siendo cuestionados por los propios organismos internacionales de derechos humanos.