El panorama de la paternidad en España atraviesa un momento de profunda transformación y conflicto administrativo. A pesar de los avances sociales, el sistema judicial actual enfrenta críticas severas por lo que muchos consideran una falta de equidad en la resolución de las crisis familiares. En este contexto, la asociación Padres Unidos ha emergido como una voz colectiva que busca redefinir las reglas del juego, priorizando el bienestar del menor y la corresponsabilidad parental efectiva.
El laberinto legal del Artículo 92.7 y el impacto de las denuncias
Uno de los pilares fundamentales que esta organización busca derribar es la aplicación automática de restricciones en la custodia compartida ante la mera interposición de denuncias. Actualmente, el artículo 92.7 del Código Civil actúa como un muro infranqueable: si un progenitor está incurso en un proceso penal por violencia de género, la custodia compartida queda descartada de oficio.
Desde Padres Unidos denuncian que esta normativa genera incentivos para el uso instrumental de la ley. Argumentan que, en procesos de divorcio conflictivos, las denuncias pueden presentarse de forma estratégica para bloquear derechos y obtener ventajas procesales o económicas. La propuesta de reforma exige evaluaciones independientes y audiencias motivadas donde el juez analice el impacto real de cada caso, evitando que la justicia se convierta en una herramienta de exclusión del padre sin pruebas fehacientes de riesgo para el menor.
Estadísticas de custodia: Una disparidad que persiste
Aunque la percepción social es que la custodia compartida es ya la norma, los datos recientes del INE y el CGPJ revelan una realidad distinta. De los más de 41.000 divorcios con hijos menores registrados en el último año:
- Casi el 50% de los casos logran la custodia compartida.
- Un 46,6% de las tutelas se otorgan exclusivamente a la madre.
- Apenas un 3,4% de los padres obtienen la custodia única.
Esta brecha evidencia que, a pesar del crecimiento del modelo compartido, el sistema sigue tendiendo hacia la figura materna de manera predominante. Padres Unidos sostiene que esta disparidad no siempre responde al interés superior del niño, sino a una inercia judicial que no valora equitativamente la capacidad de ambos progenitores para participar activamente en la crianza.
La Iniciativa Legislativa Popular: 500.000 firmas por el cambio
Para transformar esta realidad, la entidad se ha fijado un objetivo ambicioso: recolectar 500.000 firmas durante el año 2026. Esta Iniciativa Legislativa Popular (ILP) pretende llevar al Congreso de los Diputados un paquete de medidas que incluyen:
- Tipificación del uso fraudulento del sistema judicial en procesos de familia como un agravante.
- Creación de un Protocolo de Intervención Inmediata para riesgos reales detectados en menores o progenitores.
- Exigencia de resoluciones judiciales basadas en hechos objetivos y no en percepciones subjetivas.
- Implementación de modelos de éxito inspirados en países como Suecia, Noruega o Bélgica, donde la corresponsabilidad es un derecho fundamental del niño.
Salud mental y el rostro invisible del sufrimiento paterno
Más allá de lo estrictamente legal, Padres Unidos pone el foco en la crisis emocional que atraviesan los hombres desplazados de la vida de sus hijos. La asociación alerta sobre niveles alarmantes de depresión, ansiedad e ideación suicida en padres que se enfrentan a procesos judiciales interminables y destructivos.
La propuesta incluye la creación de una línea estatal de apoyo al hombre, que funcione de manera gratuita y confidencial las 24 horas. Según los portavoces de la entidad, es urgente que el Estado reconozca al varón en crisis familiar como un colectivo que requiere sensibilidad institucional, integrando indicadores de salud mental específicos en las estadísticas nacionales para abordar este problema de salud pública que hoy permanece invisibilizado.
Hacia un nuevo paradigma de justicia familiar
La conclusión de este movimiento es clara: el bienestar infantil no puede garantizarse mediante la exclusión de uno de los pilares de la crianza. La reforma que se plantea no busca privilegios, sino seguridad jurídica y un equilibrio real. Al reformar la ley de violencia de género en su vertiente civil y fortalecer los mecanismos de control contra las acusaciones falsas, se busca restaurar la igualdad ante la ley.
En definitiva, Padres Unidos apuesta por una legislación que proteja a las víctimas reales sin desamparar a los padres comprometidos. El camino hacia el 2026 será decisivo para determinar si España está dispuesta a adoptar un modelo de justicia familiar más humano, objetivo y, sobre todo, centrado en el derecho inalienable de los niños a crecer con ambos progenitores presentes en su día a día.