Un informe interno de dieciséis páginas ha hecho saltar todas las alarmas en el Palacio de Santa Cruz. El documento detalla una serie de maniobras financieras y administrativas ejecutadas por el embajador de España en India, Juan Antonio March, para sufragar eventos culturales al margen de los cauces oficiales del Ministerio de Exteriores. El núcleo de la controversia gira en torno a la contratación recurrente de la soprano china Huiling Zhu, una artista estrechamente ligada a la Fundación Onuart, entidad que cuenta con la presidencia consultiva de José Luis Rodríguez Zapatero.
La estructura de financiación paralela en Nueva Delhi
A diferencia de los procedimientos habituales, donde el patrocinio empresarial se gestiona bajo una estricta fiscalización por cancillería, la estrategia en la delegación de Nueva Delhi buscaba evitar que el dinero pasara por la caja de la embajada. El plan diseñado por March consistía en recaudar aproximadamente 40.500 euros mediante contribuciones de empresas españolas y el gobierno de Rajastán, pero con una condición singular: los fondos debían transferirse directamente a los organizadores locales, como la compañía STEM Dance Kampani.
Esta operativa permitía eludir el sistema Sicce, la herramienta obligatoria de control para cualquier acto cultural bajo el paraguas diplomático español. Según el consejero de asuntos culturales, quien dio la voz de alerta a la Aecid, el embajador dio instrucciones explícitas de no registrar estas actividades para evitar que los procesos administrativos correspondientes supervisaran el origen y destino de los fondos.
Huiling Zhu: Una trayectoria bajo sospecha
La elección de los artistas ha sido uno de los puntos más críticos del informe enviado a Madrid. Mientras que la normativa exige priorizar la promoción de la cultura española mediante creadores nacionales, el embajador apostó firmemente por Huiling Zhu. La mezzosoprano, con pasaporte alemán y residencia en Shanghái, ya percibió 18.000 euros de fondos públicos el pasado año por actuaciones en Nepal, Bután e India.
- Vínculos institucionales: La cantante es habitual en los conciertos de la Fundación Onuart, organizados bajo la cúpula de Barceló en Ginebra.
- Justificación del caché: Se alegó que su repertorio se centraba en la lírica española, aunque sus credenciales internacionales apenas mencionan la obra Carmen.
- Nuevos compromisos: Para el inicio de 2026, ya se habían apalabrado otros 14.000 euros para la artista china, superando incluso los honorarios previstos para talentos españoles como el tenor Joan Laínez.
Conflictos de interés y el papel de la empresa BLS
Uno de los capítulos más comprometedores del informe describe cómo se «pasó el cepillo» entre empresas para obtener patrocinios de niveles oro, plata y bronce. Especial relevancia cobra el caso de BLS, la compañía india encargada de la externalización de visados para España en todo el mundo. Tras un encuentro privado en el despacho del embajador, la empresa aceptó sufragar los vuelos internacionales de la soprano y el tenor.
Esta gestión, realizada mediante órdenes verbales y sin conocimiento previo de los servicios centrales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha sido calificada internamente como una irregularidad «muy grave». Los mensajes interceptados entre los diplomáticos reflejan la estupefacción ante una dinámica que buscaba generar un presupuesto cultural autónomo e invisible para los órganos de control del Ministerio que dirige José Manuel Albares.
El impacto en la ética diplomática española
La gestión unilateral de Juan Antonio March pone en entredicho no solo la transparencia en el uso de los recursos públicos, sino también la equidad en la promoción artística exterior. Al favorecer a figuras vinculadas a redes de influencia política previas, como las de la era Zapatero, se rompe el principio de concurrencia y objetividad que debe regir en las delegaciones diplomáticas.
En definitiva, lo que comenzó como una serie de conciertos en el marco del año dual España-India ha terminado convirtiéndose en un expediente que amenaza con forzar cambios profundos en la supervisión de las embajadas. La resistencia del embajador a someterse a la fiscalización obligatoria deja al descubierto una grieta en los protocolos de control que el Ministerio de Exteriores deberá cerrar para evitar que la cultura se convierta en una vía de escape para la gestión opaca de fondos.