Más allá de la dimisión: Paneque define su continuidad como un ejercicio de gestión
En un escenario de alta tensión parlamentaria tras los recientes fallos en la red ferroviaria, la consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha rechazado de forma tajante abandonar su cargo. Para la portavoz, la verdadera responsabilidad política no reside en el abandono de las funciones ante la adversidad, sino en la capacidad de liderar el proceso de rectificación y mejora de un servicio público esencial para la ciudadanía catalana.
Durante su comparecencia en el Parlament, Paneque ha subrayado que su prioridad actual es garantizar la movilidad de los catalanes mediante un liderazgo sólido. Frente a las peticiones de cese, la consellera ha argumentado que la complejidad de la actual crisis ferroviaria requiere gestión directa y no gestos simbólicos que, a su juicio, podrían interpretarse como una dejación de funciones en un momento crítico para la infraestructura de Rodalies.
Inversión y soberanía ferroviaria: El plan de 1.828 millones de euros
La estrategia del Govern para revertir el deterioro del sistema ferroviario no se limita a la retórica. Paneque ha puesto sobre la mesa un compromiso económico ambicioso: la actualización del Plan de Rodalies 2025-2030, que contempla una partida de 1.828 millones de euros destinada exclusivamente al mantenimiento y la reposición de activos. Esta cifra supone prácticamente duplicar la inversión del periodo anterior, buscando atacar de raíz la falta de fiabilidad de la infraestructura.
Este despliegue presupuestario se vincula directamente con el avance hacia la creación de una empresa mixta. Según la consellera, este ente será la herramienta definitiva para que la Generalitat de Cataluña asuma una gestión de proximidad, interviniendo directamente en la operativa diaria y en la evaluación técnica de las instalaciones, algo que hasta ahora ha dependido de organismos externos con sede centralizada.
El debate parlamentario: Críticas cruzadas y el fin del inmovilismo
El clima en el Parlament ha evidenciado las profundas grietas entre las fuerzas políticas respecto a la solución del conflicto ferroviario. El Partido Popular, a través de Juan Fernández, ha exigido no solo la salida de Paneque, sino también la dimisión del ministro Óscar Puente, calificando la situación actual como una estafa a los usuarios. Por otro lado, desde Junts se ha insistido en un traspaso integral y absoluto, una postura que Paneque ha tildado de «posicionamiento de todo o nada».
- PP: Exige dimisiones inmediatas y pide disculpas públicas a los afectados.
- Junts: Reclama el control del 100% de las infraestructuras y propone acciones legales contra Adif y Renfe.
- ERC: Urge a que la nueva empresa mixta tome el control operativo de Renfe Cataluña para evitar vacíos de gestión.
- CUP: Solicita auditorías externas y un plan de mantenimiento preventivo con plazos transparentes.
Paneque ha sido especialmente crítica con la formación de Carles Puigdemont, recordándoles que la estrategia de máximos no ha dado frutos en los últimos quince años. La consellera defiende que el traspaso de Rodalies es una oportunidad de oro para avanzar de forma pragmática, abandonando posturas estériles que solo han perpetuado el estancamiento de las inversiones ferroviarias en Cataluña.
Hacia un modelo de información y control ciudadano
Uno de los puntos más sensibles de la crisis ha sido la deficiente atención al usuario durante las incidencias. En respuesta a las demandas de la CUP, la consellera ha admitido que existe un margen de mejora considerable en la comunicación. Como medida de choque, el Govern ya ha desplegado a más de un centenar de informadores en las estaciones para orientar a los pasajeros ante los planes alternativos de transporte.
La hoja de ruta final del Govern parece clara: consolidar la gestión propia a través de la inversión masiva y la estructura mixta de gestión, rechazando la vía judicial propuesta por otros grupos. Para Paneque, la resolución del conflicto no vendrá de los tribunales, sino de la capacidad de Cataluña para ejecutar sus propias decisiones y asegurar que cada euro invertido se traduzca en una mejora real de la regularidad del servicio para el ciudadano de a pie.