La comparecencia de Isabel Pardo de Vera ante el Tribunal Supremo ha introducido un nuevo nivel de tensión en la estructura actual del Ministerio de Transportes. Quien fuera la máxima responsable de ADIF no solo ha defendido la legalidad de los contratos realizados durante la pandemia, sino que ha lanzado un ataque directo contra la gestión de su sucesor indirecto, Óscar Puente. Al cuestionar la validez de la auditoría interna encargada por el ministerio, Pardo de Vera sitúa el foco en una posible colisión de intereses institucionales.
El conflicto de la auditoría interna y la legitimidad de Óscar Puente
Uno de los puntos más críticos del testimonio de la ingeniera gallega ha sido su rotundo rechazo al informe de fiscalización promovido por el equipo de Óscar Puente. Según Pardo de Vera, un proceso de auditoría no puede ser ejecutado por quienes forman parte del mismo entramado administrativo, sugiriendo que los resultados podrían estar sesgados para proteger o incriminar selectivamente a ciertos actores del Ministerio de Transportes.
La exdirectiva sostiene que el análisis que apuntó a las irregularidades de José Luis Ábalos carece de la objetividad necesaria. Para ella, el proceso de adquisición de material sanitario fue «impeccable», a pesar de que los informes de la UCO y la auditoría ministerial subrayan decisiones administrativas inusuales, como la duplicación de pedidos en tiempos récord para entidades como Puertos del Estado.
La sombra de Víctor de Aldama y el papel de Koldo García
Durante el interrogatorio, Pardo de Vera ha intentado trazar una línea divisoria clara entre la logística operativa y las decisiones políticas. Aunque admitió la presencia recurrente de Víctor de Aldama en las dependencias del ministerio —un hecho que, según sus palabras, generaba incomodidad entre el personal subalterno y los bedeles—, negó rotundamente haber recibido órdenes directas de este o de Koldo García para favorecer a empresas específicas.
La estrategia de defensa de la expresidenta de ADIF se basa en los siguientes pilares organizativos:
- Desvinculación operativa: Define a Koldo García únicamente como un enlace logístico encargado de la coordinación de vuelos, sin capacidad de influencia en los pliegos de contratación.
- Alertas ignoradas: Afirma que trasladó su preocupación a Ábalos sobre la presencia de Aldama en el ministerio, obteniendo una respuesta evasiva por parte del entonces ministro.
- Decisión técnica: Asegura que la elección del proveedor respondió a criterios de eficacia inmediata y no a presiones externas.
Soluciones de Gestión frente a la competencia: Justificación de la compra
Uno de los argumentos más recurrentes en el caso es por qué se eligió a Soluciones de Gestión, una empresa con nula actividad previa, para un contrato de 12 millones de euros. Pardo de Vera justificó esta decisión comparándola con otras ofertas fallidas, como la de la tecnológica Innjoo Technology. Según su relato, mientras esta última incumplió los plazos y entregó material defectuoso, la mercantil vinculada a la trama cumplió con las expectativas de entrega de los cinco millones de mascarillas.
Este análisis de «eficiencia de mercado» busca contrarrestar la tesis de la Fiscalía, que ve en estos contratos un pelotazo económico de 53,1 millones de euros facilitado por una red de contactos políticos. La ingeniera insiste en que su equipo técnico evaluó los riesgos y optó por la opción que garantizaba el suministro en un momento de escasez global, independientemente de los beneficios extraordinarios que la empresa obtuvo posteriormente.
Implicaciones legales y el cerco de la Audiencia Nacional
A pesar de sus declaraciones de inocencia y solvencia técnica, Pardo de Vera permanece bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Se le investiga por cinco delitos graves que incluyen malversación, cohecho y organización criminal. La acusación sostiene que tanto ella como otros altos cargos facilitaron información privilegiada que permitió el amaño de los contratos públicos en favor de la red de Aldama y Koldo.
El testimonio del exdirector de Gestión de Personas, Michaux Miranda, quien también apuntó a una cadena de mando vertical que emanaba directamente del entorno de Ábalos, complica la narrativa de una gestión puramente técnica. La UCO mantiene que Koldo García utilizó su posición para influir en Pardo de Vera, materializando adjudicaciones que hoy están bajo sospecha de corrupción sistémica.
Conclusión: Una defensa que fractura al socialismo
El enfrentamiento entre Isabel Pardo de Vera y la actual cúpula de Transportes evidencia una fractura profunda en la gestión del PSOE durante y después de la pandemia. Al defender la «impecabilidad» de sus actos y atacar la auditoría de Óscar Puente, la expresidenta de ADIF no solo busca su exculpación jurídica, sino que cuestiona la integridad de los mecanismos de control del actual Gobierno. El juicio continuará determinando si estas decisiones fueron, como ella afirma, aciertos técnicos en tiempos de crisis o, por el contrario, piezas clave en un engranaje de corrupción institucionalizada.