La estrategia jurídica de Isabel Pardo de Vera, exdirectora de ADIF, ha dado un giro contundente al impugnar formalmente la validez técnica del reciente informe emitido por la Intervención General del Estado (IGAE). En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la defensa sostiene que las conclusiones del órgano fiscalizador no se basan en evidencias técnicas sólidas, sino en lo que denominan «hipótesis interpretativas» realizadas a toro pasado, carentes de un análisis alternativo real sobre las obras ejecutadas.
Crítica a la metodología de la IGAE y la falta de pruebas
El núcleo de la queja de Pardo de Vera reside en la supuesta falta de rigor de los peritos de la administración. Según el documento remitido al juez Ismael Moreno, el informe de la IGAE que señala irregularidades en la gestión de ADIF no logra identificar errores técnicos concretos. En lugar de ello, la defensa argumenta que el texto se limita a verter valoraciones retrospectivas que no tienen la capacidad jurídica de invalidar las decisiones tomadas en su momento por los órganos de contratación.
Para la expresidenta de la entidad ferroviaria, el hecho de que la IGAE mencione una supuesta «predeterminación» en las adjudicaciones es una conjetura sin base. La defensa subraya que, para sostener una acusación de tal magnitud, se requeriría probar irregularidades graves como el acceso anticipado a ofertas económicas o la manipulación de los sobres de licitación, elementos que, aseguran, brillan por su ausencia en el análisis del interventor.
Las tres infraestructuras en el centro de la polémica
El informe de la discordia ponía el foco en un incremento presupuestario cercano al 20% en contratos adjudicados a la constructora Acciona. La IGAE detectó modificaciones contractuales que, bajo su criterio, vulneraban la normativa vigente. Las obras que han generado este choque institucional son:
- Murcia: El proyecto de soterramiento de las estaciones ferroviarias de Barriomar y Nonduermas.
- Barcelona: Las actuaciones destinadas al cubrimiento de las vías en la localidad de Sant Feliú de Llobregat.
- Almería: El desarrollo de la plataforma del Corredor Mediterráneo en el segmento que une Pulpí con Vera.
Frente a estos señalamientos, la defensa de Pardo de Vera insiste en que las puntuaciones y las asignaciones de valor no fueron arbitrarias, sino que respondieron a criterios técnicos motivados que la IGAE ahora intenta reinterpretar sin aportar una contrapericia técnica que sustente sus sospechas de ilegalidad.
Ramificaciones en la investigación del Caso Koldo
Este enfrentamiento pericial se enmarca en una pieza separada del complejo Caso Koldo, donde la Audiencia Nacional rastrea posibles comisiones ilícitas en contratos públicos. La situación procesal de Pardo de Vera es delicada, ya que su testimonio como testigo en el Tribunal Supremo —en la causa que afecta al exministro José Luis Ábalos— coincide cronológicamente con su defensa como investigada en esta trama de obras públicas.
El caso no solo afecta a la antigua cúpula de ADIF, sino que mantiene bajo vigilancia judicial a figuras de peso como el propio Ábalos, su asesor Koldo García, y otros altos cargos como Javier Herrero. El desafío de Pardo de Vera al informe de la IGAE busca desactivar uno de los pilares de la acusación: la idea de que los modificados de obra fueron herramientas para favorecer a determinadas empresas a cambio de prebendas.
Un conflicto de interpretaciones administrativas
En definitiva, la postura de la exjefa de ADIF-Alta Velocidad plantea un debate sobre los límites de la fiscalización administrativa. ¿Puede un informe de la IGAE invalidar decisiones técnicas años después sin presentar un modelo alternativo de ejecución? La resolución de este conflicto será determinante para el futuro de la instrucción, marcando si la Audiencia Nacional considera las desviaciones presupuestarias como indicios de criminalidad o como vicisitudes propias de la ingeniería civil de gran escala.