La investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos ha dado un giro procedimental significativo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido una orden directa a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para iniciar el proceso de expurgo del material intervenido a la exmilitante socialista Leire Díez. Esta medida busca establecer una frontera clara entre la información relevante para la causa y la intimidad de la investigada.
El origen de la trama: El grupo Hirurok y las comisiones bajo sospecha
El núcleo de las pesquisas judiciales gira en torno a una supuesta red de tráfico de influencias que los investigadores han denominado como el grupo «Hirurok». Según los informes de la Guardia Civil, este colectivo habría operado con el objetivo de teledirigir expedientes en la Administración pública, aprovechando sus vínculos políticos y posiciones estratégicas para obtener beneficios económicos ilícitos.
Las autoridades sospechan que esta operativa fraudulenta habría generado más de 700.000 euros en comisiones irregulares. El foco principal de la instrucción se centra en cinco operaciones específicas que involucran a empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), donde la influencia de los implicados habría sido determinante para el éxito de los contratos bajo sospecha.
Garantías judiciales: El filtrado de la información incautada
La decisión de Santiago Pedraz de solicitar el expurgo responde a una necesidad de seguridad jurídica. Durante los registros realizados en el domicilio de Leire Díez en diciembre pasado, los agentes se hicieron con una gran cantidad de dispositivos electrónicos y documentos. El objetivo actual es realizar una criba minuciosa para descartar aquellos datos que no guarden relación directa con los delitos investigados.
- Separación de correos electrónicos personales y profesionales ajenos a la causa.
- Protección de datos íntimos y claves de acceso no vinculadas a la actividad delictiva.
- Validación de las pruebas que serán utilizadas en la fase de instrucción bajo secreto de sumario.
Este movimiento judicial se produce poco después de que la defensa de Díez subrayara su colaboración con la justicia, facilitando voluntariamente contraseñas y accesos a sus equipos informáticos desde el momento de su detención.
Medidas cautelares y el futuro de los implicados
Junto a Leire Díez, la causa mantiene bajo el radar judicial a figuras de alto perfil como Vicente Fernández, antiguo presidente de la SEPI, y al empresario Antxon Alonso, vinculado al entorno del dirigente socialista Santos Cerdán. Aunque todos se encuentran actualmente en libertad, el magistrado Antonio Piña impuso inicialmente medidas de control estrictas para evitar riesgos procesales.
Entre las restricciones vigentes para los investigados destacan la retirada del pasaporte, la prohibición expresa de abandonar el territorio nacional y la obligación de personarse cada quince días en la sede judicial. Mientras tanto, la Audiencia Nacional avanza en el análisis de las pruebas para determinar el alcance real de las influencias políticas en los contratos públicos analizados.
La culminación de este proceso de expurgo será determinante para el levantamiento del secreto de sumario, un paso que la defensa de Díez ya ha solicitado formalmente para poder ejercer plenamente el derecho a la defensa ante las graves acusaciones de la UCO.