La Audiencia Nacional ha puesto el foco en la cadena de mando administrativa del PSOE. El magistrado Santiago Pedraz, encargado de instruir el denominado caso Leire, ha emitido una providencia donde exige a la formación política que aclare, con nombres y apellidos, quién fue el responsable de suscribir el contrato de asesoramiento jurídico con el letrado Jacobo Teijelo. Esta decisión no es baladí, ya que busca desentrañar la naturaleza de una relación profesional que terminó derivando en la defensa técnica de Santos Cerdán en el complejo escenario del caso Koldo.
El rastro del contrato: Identidad y poderes en Ferraz
El requerimiento judicial es exhaustivo. Pedraz no solo demanda la identidad del firmante, sino que solicita que se especifique el cargo orgánico que ostentaba dicha persona y el título habilitante que le permitía comprometer al partido en este acuerdo. La justicia busca determinar si la contratación de Jacobo Teijelo, que oficialmente se extendió desde octubre de 2024 hasta junio de 2025, cumplió con los protocolos internos o si hubo una discrecionalidad que merezca reproche penal.
Para asegurar la validez del proceso, el magistrado ha advertido que el cumplimiento de esta diligencia debe realizarse a través de un representante con poderes legales suficientes. No obstante, se respeta el principio de no autoincriminación, permitiendo que la persona jurídica del partido se guarde de facilitar documentación que pudiera ser utilizada en su contra.
Las facturas de la discordia y el conflicto de intereses
El trasfondo económico de esta relación profesional asciende a un total de 125.000 euros, repartidos en tres facturas. Según el testimonio del propio Teijelo, estos honorarios correspondían a análisis prospectivos de diversos procedimientos judiciales. Sin embargo, la armonía entre el abogado y la formación de Ferraz se quebró cuando este asumió la representación de Santos Cerdán.
- El PSOE rechazó el pago de dos facturas que sumaban 50.000 euros.
- La formación alegó una incompatibilidad manifiesta al estar Teijelo defendiendo a un exmiembro del partido en una causa separada.
- La gerente socialista, Ana María Fuentes, aparece como la firmante de los documentos, aunque el abogado afirma no haber mantenido contacto directo con ella.
Ramificaciones del caso Leire: De la Guardia Civil a Venezuela
La investigación liderada por Pedraz no se detiene en los contratos de asesoría. El magistrado ha ampliado el radio de acción citando como investigados a figuras de alto nivel institucional, como Mercedes González, actual directora de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo del cuerpo. Estas comparecencias, previstas para mediados de este mes, pretenden arrojar luz sobre las posibles filtraciones o irregularidades en la cadena de mando durante las pesquisas iniciales.
Además, el sumario incorpora nuevas piezas que conectan este caso con otros escándalos de actualidad. Se ha unido a la causa el expediente de nacionalización del exviceministro venezolano Nervis Villalobos, cuya concesión está bajo la lupa de la UCO. Paralelamente, se analiza el testimonio de la empresaria Carmen Pano, quien denunció presuntos intentos de soborno para silenciar su versión sobre la supuesta entrada de dinero en efectivo en la sede central del PSOE.
Un escenario judicial de alta tensión para el Gobierno
Con todas estas piezas sobre la mesa, la instrucción de Pedraz parece dirigirse hacia un análisis profundo de cómo se gestionaron los recursos del partido para fines de defensa jurídica y si existió una estructura de protección a ciertos cuadros políticos. La conexión entre el sector de los hidrocarburos, las influencias internacionales y el papel de abogados que saltan de la asesoría orgánica a la defensa personal de imputados, sitúa al caso Leire como uno de los frentes más impredecibles para la estabilidad administrativa de la formación gubernamental.
El desenlace de este requerimiento al PSOE marcará la pauta de las próximas semanas, determinando si el responsable de la contratación de Teijelo deberá comparecer también en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional.