La fase de instrucción del denominado caso Gaslow ha alcanzado un punto de inflexión determinante. El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dictado el auto de pase a procedimiento abreviado, lo que supone un paso previo fundamental para la apertura de juicio oral contra el empresario Claudio Rivas y otros implicados en una de las mayores redes de elusión fiscal detectadas recientemente en el mercado de los carburantes.
Un entramado financiero diseñado para la evasión fiscal
El núcleo de la investigación se centra en un complejo mecanismo de fraude en el pago del IVA de hidrocarburos operado entre los años 2018 y 2021. Según los informes judiciales, la trama habría generado un perjuicio patrimonial a la Hacienda Pública que asciende a los 148 millones de euros. La arquitectura de este desfalco se basaba en el uso de operadoras de productos petrolíferos, como Villafuel y la propia Gaslow, para comercializar combustible a precios competitivos gracias a la omisión sistemática de sus obligaciones tributarias.
La progresión del fraude, tal como se detalla en la resolución, muestra una escalada agresiva en las cuotas defraudadas:
- 2018: Se estima una cuota inicial de fraude cercana a los 6,2 millones de euros.
- 2019: La operativa se intensificó, alcanzando los 30,9 millones de euros a través de la mercantil Gaslow.
- 2020: El año de mayor impacto, donde la suma del fraude entre las sociedades Gaslow y Nascor escaló hasta los 111,8 millones de euros.
Implicación institucional y perfiles procesados
Uno de los aspectos más alarmantes de este proceso es la presunta colaboración de miembros de las fuerzas de seguridad. El juez propone juzgar al capitán de la Guardia Civil, Juan Sánchez Yepes, bajo la sospecha de que facilitó la operativa criminal desde dentro de la institución. Para el magistrado, existen indicios de que el oficial podría haber incurrido en delitos de cohecho, revelación de secretos y blanqueo de capitales.
Por su parte, el empresario Claudio Rivas se enfrenta a un catálogo penal extenso. Pedraz le atribuye siete delitos contra la Hacienda Pública, además de pertenencia a organización criminal, falsedad documental continuada y blanqueo de capitales. La resolución no solo apunta a personas físicas, sino que el magistrado propone declarar la responsabilidad civil de un total de 82 personas jurídicas, evidenciando la magnitud del tejido empresarial utilizado para ocultar los beneficios ilícitos.
Consecuencias para el sector de los hidrocarburos
Este caso pone de relieve la vulnerabilidad del sector energético frente a los denominados «fraudes de carrusel» de IVA. La capacidad de estas redes para mover grandes volúmenes de capital en periodos cortos de tiempo obliga a las autoridades a replantear los controles sobre las operadoras de hidrocarburos. La decisión de Pedraz de sentar en el banquillo a 16 personas supone un mensaje contundente contra la impunidad en delitos económicos de guante blanco y la corrupción institucional que a menudo les sirve de cobertura.
Con la instrucción finalizada, el proceso entra ahora en una fase donde las acusaciones deberán presentar sus escritos para dar paso definitivo a la vista oral, donde se dirimirá el alcance real de esta red que operó bajo el radar del fisco durante tres ejercicios fiscales consecutivos.