La Audiencia Nacional ha sido testigo de una declaración clave en el marco de la investigación sobre el presunto espionaje a la familia Bárcenas. El coronel jubilado Diego Pérez de los Cobos ha comparecido para esclarecer el funcionamiento de las partidas presupuestarias más opacas del Estado, asegurando que, bajo su supervisión, no se hallaron indicios de actividades ilícitas vinculadas a la denominada Operación Kitchen.
El volumen operativo como argumento de desconocimiento
Durante su intervención, el antiguo director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad justificó la ausencia de la Operación Kitchen en los registros oficiales basándose en la magnitud del trabajo administrativo. Pérez de los Cobos explicó que el flujo de información mensual era masivo, gestionando listados que abarcaban habitualmente entre cien y doscientos operativos distintos de forma simultánea.
Esta saturación de expedientes, según su análisis, explicaría por qué un nombre en clave específico no resaltó entre la maraña de datos que llegaba a su mesa. Para el coronel, la gestión se centraba en la fiscalización de los fondos desde una perspectiva técnica y no necesariamente operativa detallada.
Mecanismos de control y la opacidad de los fondos reservados
Uno de los puntos más relevantes de la sesión fue la explicación sobre cómo se auditan estos gastos sensibles. A diferencia de cualquier otra partida de los Presupuestos Generales del Estado, los fondos reservados cuentan con una protección especial de secreto para garantizar el éxito de las misiones de seguridad. Pérez de los Cobos detalló la estructura de estos informes:
- Conceptos Genéricos: Los pagos no se detallan de forma individualizada, sino bajo epígrafes amplios como «pago a colaboradores».
- Consumo Global: La Secretaría de Estado recibe únicamente el total mensual consumido por cada operación, ocultando los pormenores de los destinatarios finales.
- Salvaguarda de Identidades: El sistema está diseñado para que el rastro del dinero no comprometa a los agentes o informantes implicados.
El coronel insistió en que su labor consistía en aplicar las facultades de control que marca la ley, pero siempre dentro de los límites que impone la normativa de secretos oficiales, la cual impide una trazabilidad transparente como la que se exige en otras áreas del Gobierno.
La inexistencia de recibos nominativos en Interior
Al ser interrogado por nombres específicos que han protagonizado el sumario de la Kitchen, el testimonio de Pérez de los Cobos fue rotundo. Negó tajantemente que en su gabinete se hubieran recibido justificantes de pago o «recibís» a nombre de Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP. Del mismo modo, afirmó no recordar gastos específicos vinculados a altos cargos policiales como Enrique García Castaño.
Esta falta de documentación nominativa refuerza la tesis de una estructura compartimentada, donde el control financiero no permitía identificar a los beneficiarios de los fondos si estos eran utilizados para fines ajenos a la seguridad nacional, como se sospecha que ocurrió en el robo de información sobre la caja B del Partido Popular.
Conclusiones de una comparecencia técnica
En definitiva, la postura del coronel jubilado se alinea con una defensa de la legalidad institucional, desplazando cualquier responsabilidad sobre posibles irregularidades hacia los niveles operativos que manejaban el dinero en el terreno. Su testimonio subraya la dificultad de fiscalizar el uso de los fondos reservados cuando los mecanismos de reporte están diseñados, precisamente, para proteger la opacidad de las misiones bajo el manto del secreto de Estado.