El repliegue estratégico: Liquidaciones masivas tras el foco mediático
El entramado empresarial que rodea el polémico rescate de Plus Ultra ha iniciado un proceso de desmantelamiento acelerado. En un movimiento que los investigadores califican de preventivo, los principales prestamistas de la aerolínea, los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arbulu, han procedido a la extinción sistemática de sus sociedades en territorio español. Este fenómeno no es casual: las fechas de estas disoluciones coinciden quirúrgicamente con los hitos informativos que vinculan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la concesión de ayudas públicas.
La maniobra de borrado corporativo comenzó apenas 72 horas después de que trascendiera la mediación política en el despacho del Ministerio de Transportes. Al solicitar la liquidación voluntaria de sus activos, los implicados buscan, en términos mercantiles, dejar de ser sujetos de derechos y obligaciones, una táctica que suele dificultar el rastreo de fondos en procesos de corrupción política o irregularidades financieras.
Cronología de un desmantelamiento: De Atitlan Capital a Lagrundi
La caída del ecosistema societario de los Baca Arbulu se ha ejecutado en tres fases críticas, afectando a la mayoría de sus operaciones en España:
- Atitlan Capital: Fue la primera ficha en caer. Solo tres días después de revelarse la conexión de Zapatero con el rescate, esta firma de asesoría internacional inició su cierre definitivo en julio de 2025.
- Kaimana Capital: Esta sociedad fue liquidada apenas una semana después de que la UDEF procediera a la detención de los hermanos empresarios el pasado diciembre.
- Inmobiliaria Lagrundi: El cierre más reciente se produjo en enero de 2026, consolidando la desaparición de casi toda la estructura operativa de los prestamistas en suelo nacional.
Para la policía judicial, estas acciones refuerzan la tesis de que las empresas no tenían una actividad real sostenida, sino que servían como vehículos para canalizar los 53 millones de euros procedentes del rescate estatal. Se sospecha que parte de ese capital público se utilizó para saldar deudas privadas con estos prestamistas peruanos bajo la apariencia de gastos operativos.
El nexo político: La reunión en el Ministerio de Transportes
El epicentro de la tormenta se sitúa en un encuentro clave entre Zapatero y José Luis Ábalos. Según las investigaciones, el expresidente habría actuado como puente para agilizar la inyección de capital en la aerolínea durante los meses posteriores al confinamiento de 2020. Esta reunión, celebrada en la sede ministerial, marca el punto de inflexión donde los intereses privados y la gestión de fondos públicos se entrelazan de forma sospechosa.
La relevancia de este encuentro no solo radica en la jerarquía de los asistentes, sino en la coincidencia temporal con otros movimientos en el entorno familiar del expresidente. Mientras se fraguaba el apoyo a Plus Ultra, empresas vinculadas a presuntos testaferros de la trama comenzaban a establecer lazos comerciales con la agencia de comunicación gestionada por las hijas de Zapatero, cerrando un círculo de intereses cruzados que la justicia intenta ahora desentrañar.
Consecuencias legales de una disolución en cadena
La desaparición de firmas como Atitlan Capital no es un mero trámite administrativo en este contexto. Al extinguir la personalidad jurídica de estas entidades, los responsables intentan blindarse ante futuras responsabilidades civiles. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal mantiene el foco sobre el destino final de los millones entregados por la SEPI, analizando si existió un desvío de fondos hacia las cuentas personales de los empresarios ahora detenidos.
Este escenario deja al descubierto la fragilidad de los controles en las ayudas estratégicas post-pandemia. La trama Plus Ultra se consolida así como un caso paradigmático de cómo la influencia política de alto nivel puede ser utilizada para favorecer a determinados actores económicos que, ante la primera señal de riesgo legal, optan por la liquidación total de sus huellas corporativas en España.