El tablero político en el Congreso de los Diputados ha sufrido un vuelco determinante que impactará directamente en el mercado inmobiliario. La confirmación de que el PNV optará por la abstención en la votación del decreto de prórroga de los alquileres sitúa a la normativa en un punto de no retorno. Esta postura, sumada al rechazo frontal ya anunciado por Junts, deja al Ejecutivo sin el respaldo aritmético necesario para validar una de sus medidas estrella en materia de vivienda.
El fin de la prórroga extraordinaria de contratos
La consecuencia inmediata de este movimiento parlamentario es la previsible derogación del decreto ley. Esta norma buscaba dar un respiro a los inquilinos cuyos contratos finalizaran entre marzo de 2026 y finales de 2027, permitiendo una extensión forzosa de dos años. Con la caída del texto, el marco regulatorio vuelve a una fase de incertidumbre, eliminando la red de seguridad que el Gobierno pretendía consolidar para los próximos ejercicios.
El anuncio ha corrido a cargo de Aitor Esteban, presidente del EBB de la formación jeltzale. En una reciente intervención en Euskadi Irratia, el portavoz vasco ha dejado clara la posición de su grupo, lo que supone un golpe estratégico para la coalición gubernamental. Al no votar a favor, el PNV retira el oxígeno necesario para que el decreto supere el trámite de convalidación, evidenciando las dificultades legislativas que atraviesa la actual legislatura.
Claves de la normativa que queda sin efecto
La caída de este decreto no solo afecta a la duración de los arrendamientos, sino que también tumba mecanismos de control de precios que estaban en el centro del debate social. Entre los puntos más relevantes que perderán vigencia se encuentran:
- La limitación del 2% en las actualizaciones anuales de la renta, diseñada para evitar subidas ligadas a la inflación desbocada.
- La posibilidad de prorrogar contratos vencidos por un periodo de 24 meses adicionales bajo las mismas condiciones.
- La protección específica para inquilinos en situaciones de vulnerabilidad que dependían de esta normativa excepcional.
Un escenario de inestabilidad parlamentaria
Este episodio subraya la fragilidad de las alianzas que sostienen al bloque de investidura. Mientras que el Gobierno buscaba blindar el acceso a la vivienda mediante decretos urgentes, formaciones de corte liberal o nacionalista como el PNV y Junts muestran su rechazo a intervenciones que, a su juicio, podrían invadir competencias o distorsionar el mercado de forma negativa.
El rechazo al decreto no solo es un revés técnico, sino un mensaje político de calado. La falta de consenso previo con los socios habituales obliga al Ministerio de Vivienda a replantear su estrategia desde cero. A partir de ahora, cualquier intento de regular los precios del alquiler o extender contratos deberá pasar por una negociación mucho más exhaustiva para evitar nuevos fracasos en el hemiciclo.
Perspectivas para el sector inmobiliario
Con la derogación a la vuelta de la esquina, propietarios e inquilinos se enfrentan a un retorno a las condiciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) convencional, sin los parches temporales introducidos durante la crisis. El mercado queda ahora a la espera de ver si el Ejecutivo intentará tramitar estas medidas como proyecto de ley o si, por el contrario, la política de vivienda entrará en una fase de estancamiento ante la imposibilidad de sumar mayorías suficientes en el Congreso.