La Audiencia Nacional ha dado comienzo esta semana a un proceso judicial de alta relevancia institucional y humana. Dos miembros del Cuerpo Nacional de Policía se enfrentan a graves acusaciones de acoso laboral y sexual tras su paso por el destacamento de seguridad de la Embajada de España en Argelia. Este caso pone bajo el foco no solo la conducta individual de los procesados, sino también los protocolos de protección y la convivencia en las misiones diplomáticas en el extranjero.
Un entorno hostil en la Embajada de Argelia
La cronología de los hechos, según el escrito de acusación, sitúa el inicio del conflicto a finales del año 2022. Lo que comenzó como un despliegue operativo rutinario en Argel derivó rápidamente en un escenario de hostigamiento sistemático hacia la víctima, también integrante del equipo policial. La Fiscalía sostiene que la agente fue objeto de un lenguaje degradante y soez de forma recurrente durante eventos sociales y jornadas de servicio.
La situación escaló de la violencia verbal a la agresión física y la intimidación. Entre los incidentes más críticos que se analizan en el juicio, destaca un episodio ocurrido en 2023, donde uno de los acusados presuntamente inmovilizó a la mujer contra una pared con intenciones libidinosas. Ante los ruegos de auxilio de la víctima hacia el segundo agente presente, la respuesta obtenida fue la absoluta indiferencia, lo que según el Ministerio Público, refuerza la tesis de la complicidad y el desamparo institucional que sufrió la policía.
Abuso de autoridad y represalias laborales
El caso adquiere una dimensión mayor al confirmarse que uno de los procesados ejercía como jefe de equipo. En lugar de garantizar un ambiente de trabajo seguro y profesional, el mando jerárquico habría mantenido una postura de permisividad y participación activa en los vejámenes. La estrategia de aislamiento fue otra de las herramientas utilizadas para quebrar la resistencia de la agente, quien fue objeto de insultos de extrema gravedad al negarse a las pretensiones de sus compañeros.
La presión no se limitó al ámbito privado o social; se trasladó a la gestión operativa de la embajada. Tras los intentos de la víctima por poner límites y la posterior intervención de las autoridades locales argelinas —que llegaron a redactar un informe sobre la situación—, la agente sufrió represalias laborales directas:
- Asignación arbitraria de los turnos y puestos más gravosos de la misión.
- Cancelación injustificada de periodos vacacionales ya autorizados.
- Control exhaustivo y humillante de sus movimientos y comunicaciones.
Peticiones de cárcel y consecuencias psicológicas
Debido a la gravedad de los delitos imputados, que incluyen agresión sexual, lesiones psicológicas y acoso laboral, la Fiscalía ha solicitado penas que suman nueve años y medio de prisión para el principal responsable y seis años para su colaborador. Además, se solicita la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier cargo público, lo que supondría el fin definitivo de sus carreras en la Policía Nacional.
El impacto en la salud de la denunciante ha sido devastador. Los informes periciales reflejan un trastorno de adaptación con ansiedad persistente, fruto del asedio continuado en un entorno donde debería haber imperado la camaradería. Por ello, la acusación exige una indemnización de 25.000 euros en concepto de daños morales y la imposición de órdenes de alejamiento estrictas para garantizar la seguridad de la agente tras la finalización del proceso en la Audiencia Nacional.
Este juicio representa un punto de inflexión en la persecución de conductas machistas y de abuso de poder dentro de las instituciones de seguridad del Estado, especialmente cuando estas ocurren en contextos de aislamiento como son las embajadas internacionales.