La gestión del Ministerio del Interior vuelve a estar bajo el foco de la Audiencia Nacional. Dos funcionarios de la Policía Nacional, gravemente lesionados durante los altercados derivados de la sentencia del procés, han decidido formalizar una demanda contra el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. El núcleo del conflicto reside en la negativa sistemática del Gobierno a otorgarles el estatus de víctimas del terrorismo, una distinción que la administración les ha denegado a pesar de las secuelas permanentes que sufren.
La judicialización del conflicto: Marlaska frente a la Audiencia Nacional
El enfrentamiento jurídico se traslada ahora a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Los equipos legales de los agentes, integrados por los despachos Fuster-Fabra Abogados y Statera Legal, han interpuesto recursos contra las resoluciones de Interior y de la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Los letrados argumentan que la Administración está «desnaturalizando la ley» al no considerar los ataques sufridos como actos de naturaleza terrorista dentro de un contexto de violencia urbana organizada.
La demanda busca que los tribunales analicen si el Ministerio actuó conforme a derecho al desestimar las solicitudes de los agentes. Según la defensa, el entorno en el que se produjeron las agresiones —las movilizaciones de Tsunami Democràtic— cumple con los parámetros de una estructura diseñada para subvertir el orden público mediante el uso de la fuerza extrema contra las instituciones del Estado y sus representantes.
Crónica de una noche de violencia extrema en Urquinaona
Los hechos que fundamentan esta batalla legal se remontan al 18 de octubre de 2019. En el epicentro de Barcelona, la plaza Urquinaona se convirtió en un escenario de combate donde los efectivos policiales se vieron desbordados por tácticas de guerrilla urbana. Según los informes periciales, los agentes fueron atacados con una diversidad de objetos letales lanzados estratégicamente:
- Adoquines y bloques de hormigón arrojados desde azoteas.
- Lanzamiento de ácido y cócteles molotov.
- Uso de bolas de petanca y rodamientos metálicos de gran calibre.
- Objetos contundentes dirigidos a puntos vitales de los operativos.
Para la defensa, esta logística no responde a una protesta espontánea, sino a una planificación meticulosa destinada a causar el mayor daño posible a los agentes de seguridad, lo que justificaría plenamente el reconocimiento solicitado ante el Ministerio del Interior.
Secuelas de por vida: el coste humano del operativo
El impacto de aquella jornada ha dejado cicatrices imborrables en los demandantes. Uno de los agentes, A.G.B., recibió el impacto de un adoquín que le provocó una fractura abierta de radio. Tras someterse a diversas cirugías, el tribunal médico determinó su incapacidad permanente, lo que supuso su retiro forzoso a los 45 años, truncando su carrera profesional de manera abrupta.
Por su parte, el agente A.M.H.S. sufrió una pérdida de consciencia durante el despliegue y desarrolla desde entonces un cuadro severo de estrés postraumático. Sus declaraciones ante la autoridad judicial reflejan la crudeza de la situación: el convencimiento de que no sobreviviría a la emboscada sufrida en Urquinaona. Estos testimonios son la base emocional y técnica de un recurso que pretende sentar un precedente sobre cómo deben ser tratados los policías que enfrentan escenarios de terrorismo callejero en España.
Un precedente para el futuro de las Fuerzas de Seguridad
El desenlace de este proceso en la Audiencia Nacional podría redefinir los criterios administrativos para el reconocimiento de víctimas en contextos de algaradas violentas vinculadas a movimientos separatistas. Mientras que el Ministerio mantiene una postura restrictiva, la admisión a trámite de los recursos sugiere que existe un debate jurídico profundo sobre la protección legal de los uniformados.
En definitiva, la demanda no solo busca una compensación económica o un estatus honorífico, sino que pone en tela de juicio la voluntad política del actual Ejecutivo para calificar como terrorismo las acciones de grupos que, bajo el paraguas de la protesta social, ejecutan acciones de extrema violencia contra los pilares de la seguridad ciudadana.