La tensión institucional en torno al caso Leire Díez ha alcanzado un nuevo nivel de fricción judicial. El Partido Popular, en su rol de acusación popular, ha solicitado formalmente al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional la implementación de un cordón sanitario que aísle a la Unidad Central Operativa (UCO) de su propia cúpula directiva. La petición busca neutralizar cualquier capacidad de influencia de los mandos actualmente investigados sobre los agentes que lideran las pesquisas.
Blindaje operativo: Un muro contra la jerarquía policial
El núcleo de la estrategia del PP reside en una contradicción orgánica: los encargados de investigar presuntas irregularidades están subordinados jerárquicamente a los propios sospechosos. En el escrito remitido al magistrado Santiago Pedraz, se subraya la necesidad de despojar a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, y a Manuel Llamas, DAO del cuerpo, de cualquier facultad de mando mientras dure la instrucción.
La formación sostiene que mantener la estructura actual pone en riesgo la independencia judicial y la integridad de los funcionarios de la UCO. Por ello, proponen que las competencias de supervisión, destino y régimen disciplinario sean transferidas de forma temporal a un mando ajeno a la cadena de responsabilidades bajo sospecha, garantizando así que no existan interferencias en el Departamento de Delincuencia Económica y Anticorrupción (DIECAN).
Medidas cautelares para evitar represalias internas
Para asegurar que la investigación avance sin coacciones, el PP ha detallado una serie de prohibiciones específicas dirigidas a la actual dirección del Instituto Armado. Estas medidas no solo buscan proteger el proceso, sino también salvaguardar la carrera profesional de los agentes implicados en las diligencias:
- Inhabilitación administrativa temporal: Impedir que los mandos investigados puedan incoar expedientes disciplinarios o informaciones reservadas contra los miembros de la UCO.
- Bloqueo de acceso a la información: Restringir la entrada de la cúpula a sistemas informáticos, expedientes y documentación sensible relacionada exclusivamente con la causa.
- Cese de comunicaciones: Prohibir cualquier contacto, directo o mediante intermediarios, con los testigos y peritos que ya han prestado declaración ante el juez.
- Protección de fuentes: Garantizar la indemnidad de las pruebas y la seguridad de los agentes que han denunciado presiones previas.
Según el escrito de la acusación, la apertura de expedientes internos en el pasado ha sido utilizada como una herramienta de intimidación estratégica para condicionar el ritmo de investigaciones que afectan directamente al entorno del Ejecutivo y del partido en el Gobierno.
La sombra de Leonardo Marcos y el deber de ‘ponerse de perfil’
Uno de los puntos más críticos de la nueva ofensiva judicial del PP es la insistencia en imputar a Leonardo Marcos, predecesor de la actual directora. A pesar de la negativa inicial del juez Pedraz, los populares argumentan que existen testimonios clave, como el del exjefe de la UCO Rafael Yuste, que apuntan a una actuación coordinada desde los despachos más altos de la institución.
La acusación pone el foco en las supuestas instrucciones dadas a la unidad para que no fueran «proactivos» en investigaciones sensibles. Esta política de «perfil bajo» o inacción deliberada habría coincidido con un periodo de máxima exposición política para el entorno de la Moncloa. El PP considera incoherente que se investigue a la actual directora y al número dos operativo, pero se excluya a quien lideraba la estructura en el momento en que se habrían producido los contactos más comprometedores con la trama.
Hacia una reestructuración forzosa del mando
La situación actual es definida por la acusación como «objetivamente incompatible» con el auxilio a la justicia. Mientras los altos cargos no presenten su dimisión o sean cesados por el Ministerio del Interior, el PP entiende que el Poder Judicial debe intervenir de forma subsidiaria para evitar que la cadena de mando se convierta en un obstáculo insalvable para la verdad.
En última instancia, el objetivo es blindar el bien jurídico del correcto funcionamiento de la Administración, asegurando que la Guardia Civil opere bajo el principio de neutralidad y que sus agentes no se vean obligados a elegir entre la obediencia jerárquica y su deber constitucional de colaborar con los tribunales en la persecución de la corrupción.