La gestión de la política penitenciaria en España ha cruzado las fronteras nacionales para convertirse en un debate de calado continental. El Partido Popular ha formalizado una queja ante las instituciones de la Unión Europea, alertando sobre lo que consideran una degradación de los principios de justicia y reparación. El detonante principal ha sido la reciente concesión del régimen de semilibertad a Garikoitz Aspiazu Rubina, conocido como ‘Txeroki’, antiguo jefe militar de la organización terrorista ETA.
Un patrón sistemático de beneficios en el País Vasco
Para la delegación española en Bruselas, el caso de ‘Txeroki’ no es un incidente aislado, sino la punta de lanza de una estrategia deliberada. Según los datos trasladados a la Comisión, existe una tendencia estadística preocupante: aproximadamente el 94% de los presos de ETA internos en centros penitenciarios vascos han accedido a diversas modalidades de progresión de grado o beneficios que reducen su tiempo de reclusión efectiva.
La denuncia subraya que estas medidas de gracia se están aplicando de forma asimétrica. Mientras que los reclusos comunes deben cumplir requisitos estrictos, una gran parte de los condenados por terrorismo están obteniendo el artículo 100.2, una vía que permite la libertad parcial. Los eurodiputados populares recalcan que este trato preferencial ocurre a pesar de que todavía permanecen más de 300 crímenes de ETA sin resolver, lo que evidencia una falta de colaboración real con la justicia por parte de los beneficiados.
El factor político: EH Bildu y la gobernabilidad
El trasfondo de esta denuncia no es estrictamente jurídico, sino que señala directamente a los acuerdos parlamentarios en Madrid. Los representantes del PP, entre los que se encuentran Dolors Montserrat y Javier Zarzalejos, vinculan estas decisiones administrativas con la dependencia política del Ejecutivo actual respecto a EH Bildu. La formación abertzale ha mantenido históricamente entre sus prioridades el acercamiento y la excarcelación de los presos de la banda.
El argumento central esgrimido ante Bruselas es que la política penitenciaria se está utilizando como moneda de cambio política. Esta instrumentalización, según el texto remitido, compromete la independencia judicial y vulnera el espíritu de las condenas impuestas por delitos de sangre, generando una sensación de impunidad en el entorno de las víctimas del terrorismo.
Colisión con la normativa y directivas europeas
La estrategia jurídica de la denuncia se apoya en el incumplimiento de marcos legales superiores. El PP argumenta que España está actuando en contra de la Estrategia de la UE sobre los Derechos de las Víctimas (2020-2025) y la Directiva 2012/29/UE. Estos textos buscan evitar la victimización secundaria, un fenómeno que ocurre cuando el Estado no protege el derecho de las víctimas a ver cómo se cumplen las penas de forma efectiva.
En este sentido, los eurodiputados han solicitado a la Comisión Europea que tome medidas activas:
- Exigir un informe detallado sobre los fundamentos jurídicos que justifican la semilibertad de Aspiazu Rubina.
- Verificar si existe constancia de un arrepentimiento efectivo o una colaboración real para esclarecer atentados pendientes.
- Evaluar si se han respetado los mecanismos de audiencia para que las víctimas puedan oponerse a estos beneficios.
- Analizar si el uso desviado de competencias administrativas está socavando el Estado de derecho.
Indefensión de las víctimas ante la administración
Finalmente, la queja pone el foco en la exclusión de los afectados en la fase de ejecución de las penas. Se denuncia que las familias de los asesinados por ETA se enteran de las puestas en libertad a través de los medios de comunicación, sin haber sido consultadas ni informadas previamente por los órganos competentes. Esta falta de transparencia se describe como una quiebra de confianza en las instituciones que deben velar por la memoria, la dignidad y la justicia de quienes sufrieron el terrorismo en España.