Pradas rechaza la responsabilidad exclusiva en la DANA

El escenario judicial derivado de la catástrofe de la DANA en Valencia ha dado un giro significativo con la ruptura de la estrategia defensiva entre los antiguos altos cargos de la Generalitat. La exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha presentado una oposición frontal al recurso interpuesto por su ex número dos, Emilio Argüeso, evidenciando una fractura en la cúpula que gestionó la emergencia el pasado 29 de octubre.

Conflicto de competencias: El reparto de mando en el punto de mira

El núcleo de la disputa reside en la delimitación de las funciones operativas durante las horas críticas del desastre. Mientras que Argüeso, anterior secretario autonómico de Emergencias, intenta que la justicia declare que la dirección superior recaía exclusivamente en la conselleria tras la activación del Cecopi, Pradas sostiene una visión radicalmente distinta sobre la cadena de mando.

Para la defensa de la exconsellera, pretender que ella ostentaba el monopolio de las decisiones es una interpretación errónea de la normativa vigente. Según el escrito remitido al juzgado, la estructura de protección civil en la Comunidad Valenciana establece mecanismos de delegación operativa que no pueden ignorarse para construir una acusación de responsabilidad penal exclusiva.

Las franjas horarias y la delegación en la AVSRE

Uno de los puntos más analíticos del escrito de Pradas se centra en la evolución cronológica de la emergencia. Se argumenta que la responsabilidad no fue estática, sino que dependió del nivel de alerta activado en cada momento:

  • Fases de Preemergencia y Situaciones 0 y 1: En estos estadios iniciales, la dirección operativa recaía legalmente en el titular de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), cargo que ocupaba Emilio Argüeso.
  • Activación Progresiva de la Situación 2: Esta fase de mayor gravedad no se extendió de forma generalizada a toda la provincia hasta las 19:00 horas, lo que implica que las competencias previas seguían bajo el paraguas operativo de la AVSRE.
  • Carácter Retrospectivo: Pradas rechaza que la declaración tardía de la fase 2 permita trasladar responsabilidades de forma retroactiva a las horas matinales o de mediodía, cuando el mando operativo estaba delegado.

El debate sobre el sistema ES-Alert y la autonomía técnica

La gestión del sistema de avisos a la población, conocido como ES-Alert, es otro de los pilares del enfrentamiento jurídico. La exconsellera niega rotundamente haber tenido la potestad única o el «monopolio» sobre la emisión de estas alertas. El argumento técnico que esgrime su defensa es que el uso de esta herramienta antes de la situación 2 provincial no estaba supeditado exclusivamente a una orden personal de la consellera, sino que formaba parte de los protocolos técnicos y funciones de los órganos de respuesta.

Este planteamiento busca desmontar la tesis de que una sola persona pudo haber evitado las consecuencias de la riada mediante una acción individual, subrayando que la presunción de inocencia obliga a analizar las conductas de cada investigado de forma aislada y según las evidencias probatorias de su cargo específico.

Hacia una defensa de sobreseimiento compartido

A pesar del duro reproche hacia la estrategia de Argüeso, la posición final de Salomé Pradas mantiene un matiz complejo: aunque se opone a que se le cargue con la culpa exclusiva, sigue defendiendo que las actuaciones judiciales deberían archivarse para ambos. La defensa insiste en que, tras valorar las diligencias practicadas, no existen presupuestos para una responsabilidad penal derivada de la gestión técnica de la inundación.

En definitiva, la exconsellera solicita a la Audiencia que desestime íntegramente las pretensiones de su antiguo subordinado, impidiendo que una delimitación administrativa se transforme en una sentencia anticipada de culpabilidad. La batalla legal se centra ahora en demostrar que la gestión de una tragedia de esta magnitud no puede simplificarse en una única figura política, sino que responde a una red de competencias compartidas y delegadas que fallaron en un contexto de crisis extrema.