La estrategia de defensa de la exconsellera Salomé Pradas ha dado un giro tecnológico determinante en los juzgados de Catarroja. Mediante la aportación de una grabación de voz registrada en el epicentro de la crisis, la exresponsable de Emergencias busca desmontar la narrativa de una supuesta parálisis operativa. Este audio grabado a las 20:15 horas del fatídico día de la DANA se convierte en la pieza central para demostrar que, a pesar de las comunicaciones contradictorias procedentes de Presidencia, el CECOPI mantenía su actividad de respuesta.
El audio de las 20:15: Evidencia de una gestión en curso
La importancia de este nuevo material reside en su ubicación temporal. El mensaje sonoro fue emitido justo después de que José Manuel Cuenca, mano derecha del president Carlos Mazón, enviara mensajes de texto sugiriendo «calma» y cuestionando la necesidad de un confinamiento general. En el audio, Pradas detalla decisiones técnicas y medidas de choque que coinciden con los registros oficiales de aquella tarde, lo que invalidaría la tesis de que las dudas jurídicas planteadas desde el entorno de Mazón frenaron la maquinaria de emergencia.
Durante la diligencia judicial, se destacó que en el fondo de la grabación puede escucharse incluso el sonido de la activación del sistema ES-Alert. Este detalle no es menor, pues confirma que las alertas masivas a la población estaban siendo ejecutadas mientras se producía el intercambio de pareceres entre la Conselleria y la Presidencia de la Generalitat.
Contradicciones en el careo: Dudas jurídicas frente a realidades técnicas
El careo ordenado por la magistrada puso de relieve dos visiones diametralmente opuestas sobre la cadena de mando. Por un lado, Cuenca admitió ser el autor de los mensajes que pedían cautela, pero justificó su intervención bajo una supuesta búsqueda de cobertura legal para una medida tan drástica como el confinamiento. Sin embargo, su testimonio flaqueó en puntos críticos:
- Reconoció que no consultó directamente con la Abogacía de la Generalitat, basándose solo en rumores o información indirecta.
- Admitió que carecía de competencias operativas en materia de emergencias para influir en las decisiones del CECOPI.
- Su terminal móvil fue reseteado meses después de la tragedia, lo que impide una reconstrucción completa de su historial de comunicaciones.
En contraste, la Abogacía de la Generalitat ya ha remitido informes al juzgado donde se ratifica que el confinamiento era plenamente legal bajo el marco de la Ley de Emergencias vigente, lo que deja los argumentos de Cuenca sin el respaldo institucional que pretendía esgrimir.
La integridad de la prueba digital y la «injerencia impropia»
Pradas ha mantenido una postura firme, calificando los mensajes de Cuenca como una injerencia impropia que, aunque no logró detener el funcionamiento del órgano de coordinación, sí generó un ruido innecesario en un momento de tensión extrema. La exconsellera insistió en que su decisión de comunicarse mediante audios se debió a la imposibilidad física de mantener conversaciones de texto mientras gestionaba la catástrofe.
Un factor que la magistrada deberá ponderar es la conservación de las pruebas. Mientras que la defensa de Pradas ha puesto a disposición del juzgado el terminal con todos los metadatos intactos, la pérdida de información en el teléfono del jefe de gabinete de Mazón abre interrogantes sobre la transparencia de la gestión desde el Palau de la Generalitat.
Implicaciones para la instrucción por conducta omisiva
El proceso judicial avanza tras el rechazo de la Audiencia Provincial a archivar la causa contra la exconsellera. Los indicios de una posible conducta omisiva siguen bajo la lupa, pero el audio aportado podría servir como un «escudo operativo» para demostrar que el deber de socorro y la toma de decisiones no se interrumpieron. La investigación ahora se centra en determinar si el retraso en ciertas medidas fue fruto de una negligencia técnica o de la confusión política generada por las comunicaciones de la Presidencia.
Este escenario deja a la gestión de la DANA de octubre de 2024 en un terreno donde la tecnología forense y los registros sonoros serán los encargados de dirimir las responsabilidades penales de unos cargos públicos enfrentados por el relato de los hechos.