La justicia valenciana ha dado un paso decisivo en el caso que involucra a una docente e investigadora de la Universidad de Valencia, identificada como Irene A. B., por la presunta autoría de graves intimidaciones vertidas en el entorno digital. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha determinado el paso a procedimiento abreviado, lo que sitúa a la investigada a un paso del juicio oral tras detectar indicios sólidos de criminalidad en su actividad en la red social X.
El fin de la instrucción: Hacia el juicio por amenazas graves
Tras meses de complejas diligencias, el juez considera que los hechos analizados trascienden la mera crítica política para entrar en el terreno del Código Penal. La resolución judicial apunta directamente al artículo 169.2, que tipifica el delito de amenazas. Con el cierre de la fase de instrucción, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía y de la acusación particular, quienes deberán concretar sus escritos de acusación y solicitar, si lo estiman oportuno, la apertura de la vista pública.
El proceso judicial ha sido reactivado recientemente después de que en noviembre de 2025 se decretara un archivo provisional por falta de autor conocido. No obstante, los avances en la investigación tecnológica permitieron a las autoridades localizar el origen de los mensajes, lo que derivó en la detención de la profesora el pasado 15 de enero y su posterior puesta en libertad con cargos.
Contenido de las publicaciones: Un catálogo de violencia explícita
La investigación se centra en cuatro mensajes específicos lanzados desde un perfil falso, pero vinculados directamente a publicaciones oficiales de Carlos Mazón durante su etapa al frente del Gobierno valenciano. Lo que llamó la atención de las unidades de ciberdelincuencia no fue el tono descalificatorio, sino la precisión y gravedad de los métodos de violencia descritos:
- Menciones detalladas al uso de armas de fuego de nueve milímetros Parabellum y la ejecución mediante disparos en la nuca.
- Referencia directa a la colocación de bombas lapa en vehículos oficiales para generar un clima de terror constante.
- Alusiones al uso de cantidades ingentes de explosivo, concretamente 20 kilos de Goma 2, en los bajos de automóviles.
- Publicaciones que defendían la violencia física extrema como herramienta de acción contra responsables políticos.
La huella digital: Cómo la Policía rompió el anonimato
La autora de los mensajes intentó blindar su identidad utilizando correos electrónicos temporales y eliminando el perfil de la red social poco después de lanzar las amenazas. Sin embargo, la Brigada Provincial de Información de Valencia logró reconstruir el rastro digital mediante una laboriosa colaboración con empresas de telecomunicaciones y la propia plataforma X.
El rastreo técnico condujo a los agentes hasta una línea de fibra óptica cuya titularidad pertenece a la investigada. La triangulación de datos, que incluyó domicilios, accesos a internet y otros identificadores personales, permitió a la Policía Nacional concluir que existían evidencias suficientes para atribuirle la gestión de la cuenta fraudulenta desde la que se hostigaba al entonces presidente.
Estrategias jurídicas y el descarte del delito de odio
Un punto clave en el desarrollo del caso ha sido la calificación jurídica de los hechos. Si bien la Generalitat Valenciana intentó que las publicaciones fueran juzgadas también como un delito de odio, la Fiscalía rechazó esta interpretación el pasado mes de marzo. El Ministerio Público argumentó que, aunque el contenido es altamente reprobable y violento, no encaja en los supuestos específicos que exige el Código Penal para el delito de odio, limitando la causa exclusivamente a las amenazas.
Por su parte, la defensa de la docente de la Facultad de Medicina ha centrado su estrategia en desvincular a su cliente de la autoría material. Argumentan que el hecho de que una conexión a internet esté a nombre de una persona no prueba de forma inequívoca que sea ella quien escribe los mensajes. Además, subrayan que el análisis pericial de su teléfono móvil no arrojó resultados concluyentes ni pruebas directas del envío de los posts investigados.
Personación de Carlos Mazón como acusación particular
A pesar de que inicialmente fue la Abogacía de la Generalitat quien inició los trámites legales, Carlos Mazón decidió finalmente personarse a título individual como perjudicado. El expresidente valenciano mantiene su equipo legal propio para ejercer la acusación particular, subrayando la gravedad de unas amenazas que planteaban escenarios de atentados con explosivos y armas de fuego, rompiendo cualquier límite de la libertad de expresión en el debate democrático.
El caso pone de relieve el creciente control judicial sobre las amenazas en redes sociales y el fin de la impunidad bajo perfiles ficticios, especialmente cuando las víctimas son cargos públicos y las agresiones verbales incorporan elementos de terrorismo o violencia física explícita.