La tensión política en la Comunidad Valenciana ha alcanzado un nuevo punto de ebullición, desplazando el foco de la gestión técnica de la catástrofe hacia un terreno de confrontación dialéctica personalista. La reciente arremetida de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, contra la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha provocado una respuesta enérgica desde las filas socialistas, que ven en sus palabras un síntoma de degradación institucional sin precedentes.
La presión de Ferraz sobre la dirección nacional del Partido Popular
El núcleo duro del PSOE ha decidido no dejar pasar los calificativos vertidos por Mompó en redes sociales. Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido, ha sido la encargada de elevar la exigencia directamente hasta Alberto Núñez Feijóo. Para la dirigente socialista, el líder nacional del PP no puede permanecer en silencio ante lo que califica como una muestra de machismo rancio y una falta de respeto profesional hacia una representante del Gobierno de España.
Desde la sede de Ferraz se reclama una desautorización pública inmediata. El argumento es claro: permitir que cargos institucionales utilicen términos despectivos como «lameculos» para referirse a sus adversarias políticas no solo ensucia el debate, sino que valida un comportamiento que consideran intolerable en la democracia actual. La crítica socialista apunta a que el silencio de Feijóo ante estos exabruptos le hace cómplice de un estilo de política basado en el insulto personal en lugar de en la confrontación de ideas.
El origen del conflicto: La gestión de la DANA bajo la lupa
El detonante de este choque verbal se encuentra en el intercambio de acusaciones sobre la actuación de las autoridades durante la reciente emergencia climática. Diana Morant había cuestionado previamente la transparencia de la Diputación de Valencia, sugiriendo que la institución conocía los riesgos de la DANA y protegió a su personal interno mientras el resto de la población carecía de avisos similares. Esta crítica a la gestión administrativa fue respondida por Mompó con una serie de ataques personales que buscaban cuestionar la valía de la ministra.
En su réplica, el presidente provincial del PP no solo atacó la labor ministerial de Morant, sino que intentó vincularla jerárquicamente a figuras pasadas como Zapatero o el actual presidente Sánchez, utilizando una retórica agresiva que ha sido tildada de misógina por diversos sectores. Este escenario refleja cómo el luto y la reconstrucción tras la tragedia están siendo empañados por una batalla por el relato político donde la cortesía parlamentaria parece haber desaparecido.
Reacciones en cascada en el ámbito autonómico
El malestar no se ha limitado a Madrid. Dentro del PSPV-PSOE, voces autorizadas han salido en defensa de su secretaria general. Entre las críticas más duras destacan:
- Vicent Mascarell: Ha acusado a Mompó de intentar desviar la atención sobre su supuesta inacción el día de la catástrofe mediante cortinas de humo en forma de insultos.
- José Muñoz: El síndic socialista en Les Corts ha manifestado su rechazo ante la «agresividad machista» del comentario, exigiendo una rectificación que restaure el decoro institucional.
- Víctor Camino: El diputado nacional sugiere que esta estrategia de Mompó responde a una lucha de poder interna dentro del PP valenciano, intentando posicionarse ante Feijóo como un perfil duro frente a otros posibles candidatos.
Un futuro marcado por la crispación institucional
Lo sucedido entre Mompó y Morant no es un hecho aislado, sino la culminación de una semana de reproches cruzados que dificultan la colaboración necesaria para la recuperación de las zonas afectadas. La negativa del Partido Popular, por el momento, a sancionar o pedir disculpas por las expresiones de su presidente provincial sugiere que el tono de la legislatura en Valencia seguirá marcado por la polarización.
En conclusión, el PSOE busca convertir este incidente en una prueba de fuego para la moderación que predica Feijóo. Mientras tanto, la ciudadanía observa con recelo cómo el debate sobre las responsabilidades públicas en la gestión de emergencias se ve desplazado por ataques de carácter personal que poco aportan a la solución de los problemas reales tras la tragedia.