La situación jurídica de Alberto González Amador, pareja sentimental de la presidenta madrileña, atraviesa un punto de inflexión. Lo que comenzó como una investigación acotada está mutando hacia una trama de mayor calado tras las recientes revelaciones de la Agencia Tributaria (AEAT) y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La acusación popular, liderada por el PSOE y Más Madrid, ha decidido mover ficha solicitando formalmente una ampliación de la querella inicial.
Nuevos frentes: Delitos fiscales y servicios bajo sospecha
El núcleo de esta nueva ofensiva judicial reside en la presunta existencia de servicios simulados. Según los últimos informes técnicos, existen indicios racionales de que la estructura mercantil de González Amador pudo haber emitido facturación ficticia a través de la sociedad Masterman & Whitaker Medical Supplies. El receptor de estos servicios, bajo el foco de la justicia, sería Quirón Prevención, una entidad que aparece de forma recurrente en el entramado económico del investigado.
Para las acusaciones, no se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de corrupción en los negocios que guardaría una conexión directa con posibles delitos contra la Hacienda Pública. Por este motivo, se ha instado al juzgado a que la AEAT elabore un análisis exhaustivo y específico que determine si esta operativa buscaba eludir obligaciones tributarias mediante la falsificación de documentos mercantiles.
El entramado empresarial y las testificales clave
La estrategia procesal busca ahora escalar hacia la cúpula de las empresas colaboradoras. Se considera imprescindible que el presidente de Quirón Prevención comparezca en calidad de investigado. La tesis de la acusación es que su testimonio es «pertinente y útil» para esclarecer el origen y la justificación real de los pagos efectuados a las empresas de González Amador.
Además, se han solicitado diversas diligencias para mapear con precisión el flujo de capitales entre los implicados:
- Un informe detallado de la UDEF sobre los vínculos societarios entre González Amador y el grupo Quirón.
- La entrega de los protocolos de cumplimiento normativo y políticas de contratación de las empresas receptoras de los servicios sospechosos.
- Una investigación patrimonial integral de todos los sujetos que figuran como investigados en la causa.
- El rastreo de movimientos bancarios y la identificación de las cuentas utilizadas para estas operaciones.
Comunicaciones y el alias «Alberto Burnet»
Un aspecto llamativo de la petición es el interés por las comunicaciones privadas. Se ha solicitado el acceso a correos electrónicos y registros de mensajería mantenidos entre 2016 y 2021. Dentro de este rastreo digital, destaca una línea de investigación sobre el uso de una identidad alternativa: «Alberto Burnet González». Se sospecha que este alias podría haber sido utilizado por la pareja de Ayuso para gestionar asuntos operativos con el grupo Quirón, tratando de diluir su rastro administrativo.
Críticas por la parálisis del proceso judicial
Más allá de las pruebas sustantivas, el escrito presentado por el PSOE y Más Madrid lanza una advertencia sobre la gestión de los tiempos en el juzgado. Denuncian una preocupante falta de impulso procesal, señalando que múltiples peticiones realizadas desde mayo de 2024 permanecen sin respuesta. Según las acusaciones, este letargo judicial no solo ralentiza la causa, sino que obstaculiza el trabajo de la UCO, que depende de estas autorizaciones para finalizar sus informes periciales.
En definitiva, la ampliación de la querella busca transformar una investigación de falsedad documental en un caso complejo de ingeniería fiscal y corrupción privada, aumentando la presión sobre el entorno más cercano a la Puerta del Sol.