La reciente declaración de intenciones de Carles Puigdemont sobre su desapego administrativo con el Estado español ha abierto un complejo escenario jurídico. Más allá de la carga simbólica de sus palabras, la posibilidad real de que el exmandatario catalán se desprenda de su pasaporte español conlleva una hoja de ruta legal llena de matices que alterarían, de forma irreversible, su carrera política en el Parlament. ¿Es una meta alcanzable o un suicidio político en términos de elegibilidad?
El laberinto del Código Civil: ¿Cómo se deja de ser español?
Para que el líder de Junts pueda materializar su deseo, no basta con una declaración pública. El Código Civil español, en su artículo 24, establece un protocolo estricto. La primera barrera es la obligatoriedad de poseer otra nacionalidad previa. En su caso, la opción más lógica sería la nacionalidad belga, país donde ha fijado su residencia desde 2017.
Sin embargo, obtener la ciudadanía en Bélgica no es un trámite automático por el mero paso del tiempo. Aunque el político suma años suficientes, las autoridades belgas exigen acreditar una integración social y económica real, además del dominio de alguna de las lenguas oficiales. Solo tras obtener el reconocimiento de Bruselas, Puigdemont podría acudir ante el Registro Civil español para formalizar su renuncia expresa, siempre y cuando resida de forma habitual en el extranjero y no exista una situación de conflicto bélico en España.
El precio de la renuncia: El veto a la Presidencia de la Generalitat
Si Puigdemont lograra convertirse exclusivamente en ciudadano belga, el impacto en sus aspiraciones políticas sería total. La normativa vigente es clara: para ser diputado en el Parlament de Catalunya y, por ende, para ser investido President de la Generalitat, es requisito indispensable poseer la nacionalidad española. Al romper ese vínculo, el político ampurdanés quedaría automáticamente inhabilitado para liderar cualquier lista autonómica.
Esta decisión supondría un cambio de paradigma en su estrategia:
- Pérdida del sufragio pasivo: No podría presentarse a elecciones autonómicas ni generales.
- Pérdida del sufragio activo: No tendría derecho a voto en los comicios que deciden el futuro del Gobierno central o regional.
- Estatus de ciudadano europeo: Mantendría la libre circulación por territorio español, pero como extranjero comunitario.
La rendija municipal: ¿Alcalde belga en Amer?
Paradójicamente, la pérdida de la nacionalidad no le expulsaría totalmente del tablero electoral. Gracias a los acuerdos de reciprocidad y a la ciudadanía de la Unión Europea, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite que ciudadanos de otros países de la UE sean candidatos en las elecciones locales.
Esto abre una puerta curiosa: Puigdemont podría presentarse a la alcaldía de Amer, su localidad natal, como ciudadano belga. Siempre que esté empadronado y cumpla con los requisitos de inscripción en el censo de extranjeros residentes, podría ser elegido concejal y, eventualmente, alcalde. Es un escenario que el propio expresidente ha deslizado en ocasiones, sugiriendo un retorno a la política de proximidad como cierre de su ciclo vital.
Justicia y Hacienda: Los muros que no caen con el cambio de pasaporte
Existe la creencia errónea de que cambiar de nacionalidad podría actuar como un escudo frente a procesos judiciales pendientes. Nada más lejos de la realidad. Las responsabilidades penales en el Tribunal Supremo se juzgan en función de los hechos cometidos, no de la nacionalidad actual del procesado. Aunque la Ley de Amnistía ha modificado su situación procesal con el levantamiento de las órdenes de detención, un cambio de bandera no alteraría el fondo de las causas que sigan abiertas.
En el ámbito fiscal, la situación es idéntica. La Agencia Tributaria no atiende a la nacionalidad, sino a la residencia fiscal. Si Puigdemont decide regresar a Cataluña y reside más de 183 días al año en territorio español, pasaría a ser contribuyente por obligación personal en España, independientemente de si su pasaporte es de color granate belga o español. Sus ingresos y patrimonio mundial tributarían bajo el sistema impositivo vigente en la comunidad autónoma donde resida.
¿Es una decisión reversible?
El ordenamiento jurídico español no es punitivo en este sentido. El artículo 26 del Código Civil permite la recuperación de la nacionalidad española con relativa sencillez. Si el líder independentista decidiera en el futuro que necesita recuperar sus derechos políticos plenos para volver a optar a la Generalitat, el proceso exigiría establecer su residencia legal en España y declarar su voluntad ante el encargado del Registro Civil.
En conclusión, el camino que plantea Puigdemont es más un gesto de coherencia ideológica que una ventaja estratégica. Al renunciar al DNI, ganaría la paz mental que reclama frente a una identidad que le incomoda, pero perdería la llave maestra para volver a ocupar el despacho principal de la Plaza de San Jaime. El «expresident» se enfrenta al dilema de elegir entre ser un referente moral fuera de las instituciones o un actor político con capacidad de mando real dentro del marco estatutario.
