La gestión cultural en Las Palmas de Gran Canaria se enfrenta a un complejo escenario judicial tras la intervención de la Fiscalía Anticorrupción. El epicentro de la controversia se sitúa en la Sociedad de Promoción, donde presuntas irregularidades en la contratación pública han derivado en una querella contra Encarnación Galván, quien fuera concejal de Cultura por el PSOE entre 2019 y 2023, y otros cargos directivos de la entidad municipal.
Un conflicto de intereses millonario en la gestión cultural
El núcleo de la investigación reside en la relación contractual entre la Sociedad de Promoción y la mercantil Qué Tal Estás S.L., propiedad de la coreógrafa Natalia Medina. Según el Ministerio Público, esta empresa habría facturado aproximadamente 2,25 millones de euros en un periodo que abarca desde 2016 hasta 2025. El problema jurídico surge debido a que Medina ostentaba un cargo de consejera en la propia entidad municipal mientras recibía estas adjudicaciones, principalmente vinculadas a eventos de renombre como el festival Masdanza y Across Hip-Hop.
La Fiscalía sostiene que se produjo un conflicto de intereses continuado. La normativa vigente es tajante: cualquier cargo público con intereses privados en una contratación debe abstenerse de participar en el proceso. En este caso, la acusación apunta a que no solo no hubo tal abstención, sino que la empresaria habría influido en el diseño de la programación cultural para beneficiar directamente a su propia firma, validando incluso auditorías que ocultaban esta incompatibilidad.
Inacción administrativa y presuntos delitos penales
La querella no solo se dirige hacia la beneficiaria de los contratos, sino que pone el foco en la cadena de mando que permitió estas operaciones. Anticorrupción señala directamente a Encarnación Galván, en su calidad de presidenta de la Sociedad de Promoción en aquel periodo, y a los gerentes Agustín Díaz y María Elena Rodríguez. Se les reprocha no haber implementado mecanismos de control para evitar lo que se califica como un «favoritismo» sistemático.
Entre los indicios delictivos detectados por la fiscalía se encuentran:
- Prevaricación administrativa: Por la toma de decisiones arbitrarias a sabiendas de su injusticia.
- Negociaciones prohibidas a funcionarios: Al permitir que una integrante del consejo de administración se lucrara con fondos que ella misma ayudaba a gestionar.
- Infracción de la Ley de Contratos: El fiscal subraya que las prohibiciones de contratar son de carácter imperativo y no dependen de la «buena fe» de los implicados.
El origen de la denuncia y la respuesta institucional
Este proceso judicial tiene su origen en una denuncia interpuesta por el Partido Popular, que alertó sobre la opacidad en las cuentas de la Sociedad de Promoción. La investigación preliminar ha concluido que la empresa Qué Tal Estás S.L. estaba «legalmente impedida» para suscribir contratos con la entidad desde el momento en que su administradora pasó a formar parte del consejo rector.
En el ámbito político, la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha mantenido una posición de máxima cautela. Durante un acto público reciente, la regidora socialista evitó valorar el contenido de la querella, argumentando la necesidad de estudiar el documento judicial en profundidad antes de emitir un posicionamiento oficial por parte del consistorio.
Este caso pone de manifiesto la fragilidad de los controles internos en las empresas públicas municipales y cómo la falta de una separación estricta entre la gestión técnica y el interés privado puede derivar en graves responsabilidades penales. El desarrollo de la instrucción judicial determinará si hubo una trama deliberada para desviar fondos públicos hacia el entorno de los propios gestores culturales de la ciudad.