Nuevos detalles emergen en la instrucción que dirige el magistrado Santiago Pedraz. La Fiscalía General del Estado ha remitido un informe clave donde valida la existencia de reuniones mantenidas en la primavera de 2025 entre la cúpula fiscal de aquel entonces y figuras vinculadas al ámbito jurídico y político. Estos encuentros sitúan en el foco a Diego Villafañe, quien fuera una de las figuras de máxima confianza del anterior Fiscal General, Álvaro García Ortiz.
Las reuniones clave de 2025 bajo la lupa judicial
El cronograma remitido al juzgado detalla que los contactos se produjeron específicamente en dos momentos: el 6 de marzo y una segunda cita entre finales de ese mes y principios de abril de 2025. En estos escenarios, el entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, recibió al letrado Jacobo Teijelo. Sin embargo, la presencia que ha generado mayor controversia es la de Leire Díez, exmilitante del PSOE, quien acudió a las dependencias oficiales bajo la etiqueta de colaboradora profesional del despacho de abogados.
Según la versión oficial del Ministerio Público, la participación de Díez en estas sesiones fue de un carácter secundario. La institución recalca que su identidad real, y su pasado vinculado a la formación socialista, no fueron conocidos por los fiscales presentes hasta que el asunto trascendió posteriormente a través de los medios de comunicación. Esta estrategia de presentación bajo un perfil técnico-jurídico es uno de los puntos que el juez analiza para determinar el contexto real de dicha interlocución.
Denuncias sin respaldo y la postura de Álvaro García Ortiz
El propósito de estas citas, según se desprende del informe, era la intención del abogado Teijelo de poner sobre la mesa una serie de hechos que, a su juicio, poseían relevancia penal y afectaban a terceras personas. La intención declarada era formalizar denuncias ante la Fiscalía. No obstante, tras analizar los argumentos expuestos, los fiscales determinaron que las acusaciones carecían de cualquier sustento probatorio sólido, quedando en una fase meramente testimonial sin recorrido jurídico inmediato.
Respecto al papel de la máxima autoridad de la institución en ese periodo, la Fiscalía es tajante al señalar la jerarquía de la información:
- Álvaro García Ortiz fue informado de los encuentros siempre a posteriori, una vez que estos ya se habían celebrado.
- Ni Villafañe ni la fiscal Belén López, presente en una de las reuniones, recibieron directrices previas o instrucciones específicas para gestionar estos contactos.
- El Ministerio Público defiende que la actuación se ciñó a los protocolos habituales de recepción de información, a pesar de la debilidad de las pruebas presentadas.
Un escenario de sospechas sobre la neutralidad institucional
Este informe llega en un momento crítico, donde la relación entre los estamentos de la Fiscalía General y ciertos entornos políticos está siendo escrutada con severidad. La confirmación de que una «fontanera» política tuvo acceso a la Secretaría Técnica, incluso si su intervención fue calificada de menor, alimenta el debate sobre la transparencia en los canales de comunicación de la justicia española.
En conclusión, aunque la Fiscalía intenta rebajar la importancia de los encuentros alegando que no se derivó ninguna acción penal de ellos, la validación de las fechas y los asistentes ante el juez Pedraz supone un paso administrativo que podría derivar en nuevas diligencias si se considera que hubo un intento de influir en la agenda del Ministerio Público mediante canales informales.