El complejo escenario judicial que rodea a Álvaro Romillo, fundador del polémico Madeira Invest Club, ha dado un giro drástico tras la salida estrepitosa de su principal representante legal. La renuncia del letrado Francisco Miranda no es un simple trámite administrativo; representa una fractura total en la estrategia de quien fuera el cerebro detrás de una de las mayores tramas de criptomonedas en España.
Colapso en la confianza: Los motivos de la renuncia
La decisión de Miranda, comunicada formalmente al Tribunal Supremo, se fundamenta en una «quiebra irreparable» del vínculo profesional. Según el escrito presentado, la falta de cooperación y lealtad por parte de Romillo ha hecho imposible continuar con una defensa técnica coherente. Esta situación suele ocurrir en procesos de alta tensión donde el cliente actúa al margen de las recomendaciones de su abogado, comprometiendo la viabilidad del caso.
El letrado ha calificado su salida como un acto de independencia profesional, subrayando que las manifestaciones y movimientos unilaterales de su cliente, conocido en redes como ‘Cryptospain’, son incompatibles con el ejercicio del derecho de defensa. Romillo permanece en prisión provisional desde noviembre, una medida cautelar impuesta para evitar el riesgo de fuga ante la gravedad de los cargos.
El frente político: Los 100.000 euros de Alvise Pérez
Uno de los ejes que mantienen a Romillo en el foco mediático es su implicación directa en la financiación de la agrupación de electores ‘Se Acabó la Fiesta’. El empresario reconoció ante la justicia haber entregado 100.000 euros en efectivo a Luis ‘Alvise’ Pérez durante la pasada campaña electoral.
- Declaración judicial: Romillo ratificó que el dinero fue destinado exclusivamente a gastos de campaña.
- Investigación en curso: El Tribunal Supremo analiza si este pago constituye un delito de financiación ilegal o blanqueo.
- Impacto reputacional: El caso ha puesto en entredicho la transparencia de los nuevos movimientos políticos que utilizan canales alternativos de financiación.
La estafa de Madeira Invest Club y la Audiencia Nacional
Más allá de sus conexiones políticas, el verdadero epicentro del problema legal de Romillo reside en la Audiencia Nacional. El magistrado José Luis Calama lo sitúa como el líder de una organización criminal jerarquizada que habría defraudado más de 185 millones de euros. El esquema, presuntamente piramidal, afectó a más de 3.000 inversores atraídos por la promesa de altos rendimientos vinculados a activos digitales.
La instrucción señala que el entramado fue diseñado con un claro «ánimo de lucro ilícito», utilizando el Madeira Invest Club (MIC) como plataforma de captación masiva. Con la renuncia de su abogado, Romillo se enfrenta a estos graves cargos en una posición de vulnerabilidad, debiendo buscar una nueva defensa que gestione tanto el proceso por estafa agravada como las ramificaciones políticas en el alto tribunal.
La soledad jurídica de ‘Cryptospain’ marca un punto de inflexión en un caso que combina la opacidad de los criptoactivos con la influencia en las altas esferas del poder legislativo europeo. El futuro de Romillo depende ahora de encontrar un equipo legal capaz de reconstruir una narrativa que la propia falta de lealtad ha destruido.