La reciente aprobación de la regularización extraordinaria en España, que busca integrar legalmente a más de medio millón de personas, ha generado un profundo malestar en el colectivo saharaui. A pesar de ser un hito en la gestión migratoria actual, la normativa definitiva ha dejado fuera a quienes poseen el estatuto de apátrida, una condición que afecta mayoritariamente a los ciudadanos procedentes de la antigua colonia española. Esta decisión ha sido interpretada por diversos sectores sociales y políticos como un movimiento estratégico para no tensionar las relaciones diplomáticas con Rabat.
El dictamen técnico que cambió el rumbo del decreto
Originalmente, los borradores del real decreto contemplaban la inclusión de las personas apátridas dentro de los mecanismos de regularización. Sin embargo, el texto final sufrió una modificación crucial tras el análisis del Consejo de Estado. El órgano consultivo argumentó que no era conveniente mezclar a los solicitantes de asilo y apátridas con el régimen general de extranjería, alegando que ya cuentan con un ordenamiento jurídico específico para su protección.
Esta distinción técnica ha sido el principal argumento de la ministra Elma Saiz, quien defiende que España posee uno de los estatutos de protección más robustos para personas sin nacionalidad. No obstante, para los afectados, esta justificación ignora la realidad cotidiana: mientras que el asilo otorga una documentación temporal automática, el reconocimiento de la apatridia es un proceso lento y discrecional que, en la práctica, mantiene a miles de saharauis en un limbo administrativo que les impide trabajar o cotizar en igualdad de condiciones.
Denuncias de discriminación y presión geopolítica
Desde el seno del propio Gobierno de coalición, voces integradas en Sumar han calificado esta medida como una «política a la carta». La sospecha de que la exclusión responde a una exigencia externa es unánime entre las asociaciones prosaharauis, quienes ven en este gesto una nueva concesión tras los incidentes diplomáticos de 2021 derivados de la crisis en Ceuta y la estancia hospitalaria de Brahim Gali.
- Impacto laboral: Al quedar excluidos, miles de saharauis no podrán regularizar su situación laboral de forma inmediata, perpetuando su vulnerabilidad económica.
- Agravio comparativo: El colectivo representa más del 70% de las solicitudes de apatridia en territorio español, lo que convierte la exclusión en una medida dirigida casi exclusivamente hacia ellos.
- Reacción del Frente Polisario: La organización ha denunciado que se condena a la invisibilidad a personas que ya sufren la ocupación de su territorio original.
De la provincia 53 al olvido administrativo
Para entender la magnitud de esta exclusión, es necesario recordar el vínculo histórico que une a España con el Sáhara Occidental. Hasta 1975, el territorio era considerado administrativamente como la provincia número 53. Sus habitantes poseían documentos nacionales de identidad españoles, hablaban castellano y tenían representación directa en las instituciones del Estado. La descolonización inconclusa, tras la Marcha Verde y los acuerdos de Madrid, dejó a esta población sin una nacionalidad reconocida por la comunidad internacional.
Actualmente, el Sáhara Occidental figura en la lista de la ONU como uno de los pocos territorios no autónomos pendientes de descolonización. La negativa a facilitar la nacionalidad o la residencia mediante procesos de regularización extraordinaria es vista como una ruptura del compromiso histórico. Expertos legales señalan que, al negarles esta vía, el Estado español ignora un pasado común donde estos ciudadanos eran plenamente integrados como nacionales de pleno derecho.
Consecuencias legales y sociales de la exclusión
La decisión del Ejecutivo no solo tiene lecturas políticas, sino que abre la puerta a una batalla en los tribunales. Diversas plataformas de solidaridad y defensa de los derechos humanos ya preparan acciones legales para impugnar lo que consideran una medida abusiva y discriminatoria. Argumentan que el estatuto de apátrida no debería ser un obstáculo para acceder a una regularización que busca, precisamente, sacar de la marginalidad a quienes ya residen y contribuyen en la sociedad española.
En conclusión, mientras el Gobierno celebra lo que denomina un éxito en materia de seguridad social y migraciones, el pueblo saharaui se enfrenta a una nueva barrera burocrática. La exclusión del decreto no solo afecta a su estabilidad económica, sino que profundiza la sensación de abandono por parte de una metrópoli que, hace apenas unas décadas, los consideraba ciudadanos propios. El desafío ahora recae en la capacidad de rectificación del Ministerio para evitar que el reconocimiento de derechos sea, paradójicamente, un motivo de segregación legal.