El dueño de Forestalia niega relación con la trama Koldo

El muro defensivo de Samper ante la Comisión Koldo

La comparecencia de Fernando Samper en la Cámara Alta ha marcado un punto de inflexión en la narrativa empresarial vinculada al caso Koldo. El líder de Forestalia optó por una estrategia de distanciamiento radical, tratando de blindar su reputación frente a las sospechas que sobrevuelan la gestión de las renovables en España y sus supuestas conexiones políticas. Con un tono que osciló entre la incomodidad y la contundencia, el empresario aragonés buscó establecer un «cordón sanitario» alrededor de su emporio.

Durante la sesión, Samper fue tajante al ser interrogado sobre su relación con los protagonistas de la trama. Su respuesta más repetida fue la negativa absoluta a conocer a Koldo García Izaguirre, el antiguo asesor ministerial que da nombre al sumario. En un intento por cerrar cualquier puerta a la especulación, el máximo responsable de Forestalia aseguró que su único contacto con figuras como José Luis Ábalos ha sido estrictamente a través de los medios de comunicación, rechazando cualquier encuentro personal o profesional con el núcleo duro de la investigación.

Las conexiones con el entorno de Santos Cerdán

A pesar de su negativa general, Samper sí admitió conocer a figuras clave del entorno del actual secretario de Organización del PSOE. En concreto, el empresario reconoció su relación con Antxón Alonso, socio de Santos Cerdán en la mercantil Servinabar. Sin embargo, este reconocimiento vino acompañado de una matización técnica: Samper limitó el vínculo a la defensa de trabajos profesionales específicos, negando cualquier tipo de facturación o vínculo económico directo con la empresa Servinabar.

Esta distinción es crucial para la estrategia de defensa de Forestalia. Al admitir el conocimiento de las personas pero negar la relación con sus estructuras empresariales, Samper intenta desactivar las tesis de la UCO que sitúan a su compañía en la órbita de intereses de la trama. Para el empresario, la ausencia de facturas es la prueba definitiva de que no existió una operativa irregular, a pesar de que los nombres de sus socios aparezcan recurrentemente en los informes policiales.

Contraste financiero: Entre donaciones y préstamos estatales

Para contrarrestar la imagen de beneficiario de favores políticos, el presidente de Forestalia recurrió a su historial de responsabilidad social durante la crisis sanitaria. Ante el Senado, detalló las aportaciones económicas realizadas por su grupo en los momentos más críticos de la pandemia:

  • Una donación de un millón de euros destinada al Gobierno de Aragón para la adquisición de suministros médicos.
  • Una aportación de 300.000 euros a la Comunidad de Madrid con fines similares.

No obstante, estas cifras de filantropía conviven en el mismo escenario temporal con operaciones financieras bajo el foco mediático. La oposición puso especial énfasis en el préstamo de 17,3 millones de euros concedido por el fondo SEPI a la filial Arapellet. Samper defendió la legalidad de estos fondos, presentándolos como un apoyo legítimo a la industria renovable y no como un trato de favor derivado de sus conexiones en Ferraz o el Ministerio de Transportes.

Un interrogante sobre la presencia de Forestalia en los sumarios

El gran desafío para Samper durante su comparecencia no fue solo negar el conocimiento directo de los implicados, sino explicar por qué su corporación aparece mencionada en los rastreos de los investigadores judiciales. La insistencia de los grupos parlamentarios, especialmente de Vox, se centró en la recurrencia de Forestalia en documentos que analizan las redes de influencia de la trama Koldo.

La conclusión de esta jornada parlamentaria deja un escenario de claroscuros. Mientras el empresario sostiene una postura de transparencia total y ajenidad a la corrupción, la persistencia de los informes policiales sugiere que el camino judicial para desvincular definitivamente a las renovables del «caso Koldo» será todavía largo. La estrategia de Samper se basa en la lógica del «no hay facturas, no hay delito», una premisa que ahora deberá ser contrastada con el avance de las diligencias en la Audiencia Nacional.