La sexta sesión del proceso judicial por la trama de las mascarillas ha arrojado luz sobre la ambigüedad con la que Víctor de Aldama se movía en las altas esferas del poder. Durante su comparecencia, el ex secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha revelado una percepción distorsionada sobre la identidad del comisionista, asegurando que llegó a considerar a Aldama como un integrante orgánico del Ministerio de Transportes y no como el representante de una empresa proveedora externa.
El libre acceso de Aldama a la zona de autoridades
Los testimonios presentados este miércoles sugieren que los límites entre lo público y lo privado se desdibujaron en el complejo de Nuevos Ministerios. Según declaraciones de un agente de la Guardia Civil y de la expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, el papel de Aldama era, cuanto menos, atípico. El comisionista no solo utilizaba el estacionamiento reservado para autoridades, sino que frecuentaba despachos oficiales incluso cuando los titulares no estaban presentes.
Esta omnipresencia institucional fue la que, según el exjefe de Puertos, justificó su contacto permanente con él. Sánchez Manzanares alegó que su comunicación con el investigado comenzó incluso antes de que se formalizaran las órdenes ministeriales de compra, bajo la premisa de que Aldama coordinaba la compleja logística aérea necesaria para el transporte del material sanitario desde China.
La aceleración de pedidos: 8 millones de mascarillas en tiempo récord
Uno de los puntos más críticos de la jornada ha sido la reconstrucción cronológica de los contratos. El testigo admitió que, tras una orden inicial para adquirir cuatro millones de unidades, la cifra se duplicó en apenas media hora. Este cambio repentino respondió, supuestamente, a una exigencia del proveedor: ocho millones o nada.
- Instrucciones directas: El testigo señaló a Javier Sánchez Fuentefría como el emisor de la orden técnica para elevar la cantidad.
- Falta de transparencia: Se reveló que ciertos informes de cálculo en formato Excel no fueron incluidos en la auditoría posterior realizada por el actual Ministerio.
- Presiones externas: Aunque se mencionó la figura de Koldo García, el compareciente negó haber sentido una coacción directa, enmarcando la situación en el caos logístico de marzo de 2020.
La sombra de las ofertas económicas descartadas
La acusación, liderada por el fiscal Alejandro Luzón, puso el foco en las alternativas que la administración decidió ignorar. Mientras que la empresa vinculada a la trama (Soluciones de Gestión) cobraba 2,50 euros por mascarilla, existían propuestas concurrentes significativamente más económicas que fueron rechazadas por Transportes.
Destaca el caso de una oferta presentada por un bufete cántabro que garantizaba el mismo volumen de material a un precio de 1,35 euros por unidad. A pesar de representar un ahorro del 55% para las arcas públicas y de que el pago a Soluciones de Gestión aún no se había ejecutado, la cúpula de Puertos y del Ministerio optó por mantener el acuerdo con la entidad de Aldama, alegando la incertidumbre absoluta que reinaba en el mercado internacional de EPIs.
Vínculos políticos y el pasado en el PSOE
Más allá de la gestión administrativa, el juicio ha recordado la trayectoria política de Sánchez Manzanares dentro del PSOE. Su cercanía con figuras históricas del partido y su papel en la gestión contable de la candidatura de Pedro Sánchez durante las primarias de 2017 subrayan la relevancia del testigo dentro del engranaje socialista.
Al ser cuestionado por mensajes comprometedores en los que bromeaba sobre gestionar el «Cártel de Cali» tras finalizar estas operaciones, el exjefe de Puertos los calificó como comentarios sin sentido fruto de la tensión extrema. El juicio continúa analizando si estas decisiones fueron errores administrativos derivados de la urgencia o si formaron parte de una estructura diseñada para el cobro de comisiones ilícitas en el peor momento de la crisis sanitaria.