Conflicto competencial: Sánchez delega en el Gobierno de Ceuta la gestión de menores
El escenario político español vive un nuevo episodio de tensión institucional a raíz de la situación migratoria en la ciudad autónoma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado distancias de forma tajante respecto a la problemática de los menores extranjeros que aún permanecen en las calles de Ceuta. Tras ser interpelado por la prensa en el Congreso de los Diputados, el líder del Ejecutivo ha redirigido el foco hacia Juan Jesús Vivas, presidente ceutí, subrayando que es la administración local la que posee las facultades legales para intervenir sobre este colectivo.
Esta reacción se produce semanas después de que los picos de presión migratoria dejaran a cientos de jóvenes en una situación de vulnerabilidad extrema. Sánchez ha evitado asumir un papel protagonista en la resolución inmediata del problema, alegando que el Gobierno central cumple con su parte en la tramitación de adultos y devoluciones, mientras que la acogida y tutela de los menores es una tarea que el Ejecutivo de Vivas debe explicar y ejecutar con sus propios recursos y competencias.
El Ministerio de Política Territorial y el recuento de la crisis
La postura de la Moncloa no es aislada. Desde el mando único encargado de la crisis, el ministro Ángel Víctor Torres ha respaldado esta visión de reparto de responsabilidades. Según los datos que maneja su departamento, se estima que todavía se encuentran en las calles y playas de la ciudad autónoma entre 700 y 1.000 menores sin la debida tutela oficial. Torres insiste en que la transparencia sobre estas cifras y la gestión de los albergues corresponde exclusivamente a las autoridades de la ciudad.
- Asignación de la responsabilidad legal de los menores a la Ciudad Autónoma de Ceuta.
- Estimación ministerial de hasta un millar de niños sin atención institucionalizada.
- Críticas cruzadas sobre la cronificación de la crisis migratoria en la frontera sur.
En conclusión, el intercambio de declaraciones refleja una fractura en la cooperación entre el Estado y la región. Mientras la crisis humanitaria se prolonga en las playas de Ceuta, el debate político se centra en delimitar quién debe dar el primer paso para garantizar la protección de los menores, en un contexto donde el Ejecutivo nacional parece decidido a responsabilizar plenamente a la gestión del Partido Popular en la zona.