La estabilidad geopolítica en el Atlántico ha cobrado un nuevo impulso legislativo en las instituciones españolas. En un movimiento estratégico dentro del Senado, se ha dado luz verde a una propuesta que busca poner fin a la incertidumbre sobre la jurisdicción marítima que rodea al archipiélago canario. Esta iniciativa, que ha contado con el respaldo principal del Partido Popular (PP) y el PNV, surge como una respuesta a la necesidad de clarificar los límites territoriales frente a las pretensiones de Marruecos.
Un frente parlamentario por la soberanía de Canarias
La propuesta, originada por la Agrupación Herreña Independiente (AHI) a través del senador Javier Armas, ha logrado consolidar una mayoría suficiente en la Comisión General de las Comunidades Autónomas. A diferencia de la postura del PSOE, que se desmarcó de la votación, el bloque mayoritario exige que el Gobierno central actúe con firmeza para blindar los derechos soberanos de España en una zona de alta sensibilidad estratégica.
El núcleo de esta exigencia radica en la reactivación inmediata de las mesas de negociación con el reino alauita. Sin embargo, esta vez se impone una condición indispensable: la presencia activa y vinculante del Gobierno de Canarias en cualquier conversación que afecte a su entorno geográfico y económico.
Transparencia y plazos: un informe en tres meses
Para evitar que las resoluciones queden en papel mojado, el texto aprobado impone un cronograma estricto al Ejecutivo nacional. Se ha solicitado la entrega de un análisis detallado en un periodo máximo de 90 días, el cual deberá ser remitido tanto a las Cortes Generales como al parlamento autonómico. Este documento debe desglosar:
- El estado actual de las conversaciones bilaterales sobre los espacios marítimos.
- El grado de implicación y participación real de los representantes canarios.
- Los obstáculos técnicos y políticos que impiden cerrar el acuerdo de delimitación.
- Una hoja de ruta clara sobre las próximas actuaciones diplomáticas previstas.
Desvincular la soberanía del control migratorio
Uno de los puntos más críticos y novedosos de esta moción es la exigencia de separar la agenda territorial de otros asuntos de cooperación bilateral. El Senado aboga por que la delimitación de las aguas no sea utilizada como moneda de cambio en las negociaciones sobre el control de fronteras o la gestión de los flujos migratorios. Esta compartimentación busca proteger el derecho internacional frente a posibles presiones unilaterales que contravengan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Asimismo, la resolución mantiene una postura de respeto escrupuloso hacia el marco legal internacional, subrayando que cualquier avance en las fronteras marítimas no debe comprometer el estatuto final del Sáhara Occidental ni las resoluciones vigentes de la ONU, manteniendo así un equilibrio diplomático necesario en la región.
Impacto en las relaciones España-Marruecos
Este paso legislativo se produce en un momento de reconfiguración de los lazos entre Madrid y Rabat. Al exigir una postura más firme y transparente, el Senado envía un mensaje de unidad interna en la defensa de los recursos naturales y la seguridad de las Islas Canarias. La protección de la plataforma continental y la zona económica exclusiva se presentan ahora como prioridades irrenunciables que marcarán la agenda exterior española en los próximos meses.