El escenario político español suma un nuevo capítulo de tensión institucional tras la decisión del Senado de dar traslado formal a una denuncia que afecta directamente al patrimonio de José Félix Tezanos. La Cámara Alta ha remitido al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) un expediente que sugiere la existencia de activos financieros no declarados en el exterior por parte del actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El origen de la sospecha: Seis cuentas en paraísos estratégicos
La documentación, elaborada por el letrado Eduardo Martín-Duarte, sostiene que Tezanos podría ser titular de una fortuna que asciende a los 5,5 millones de dólares (aproximadamente 4,7 millones de euros). Según el escrito, este capital estaría diversificado en seis depósitos bancarios distintos, localizados en dos puntos geográficos clave del continente americano:
- República Dominicana: Se apuntan tres depósitos de un millón de dólares cada uno en entidades como Banco Promerica, Banco Caribe y Banco Santa Cruz.
- Ecuador: Otras tres cuentas en el Banco Pacífico, donde el presidente del CIS figuraría como titular único en una de ellas y como cotitular junto a familiares directos en las restantes.
Estas presuntas operaciones financieras habrían tenido lugar, según el denunciante, en ventanas temporales muy específicas, situándose las aperturas de cuenta entre mayo de 2023 y octubre de 2024. El entorno del sociólogo ya ha manifestado su rechazo tajante a estas acusaciones, enmarcándolas en una campaña de desprestigio.
Discrepancias patrimoniales y fiscalización del CIS
Uno de los puntos críticos que subraya la denuncia es la desconexión entre el patrimonio declarado por Tezanos al asumir el cargo en 2018 y las cifras que ahora se le atribuyen. En su toma de posesión, el presidente del CIS informó de bienes inmuebles valorados en unos 365.000 euros y ahorros bancarios cercanos a los 140.000 euros. Para el abogado denunciante, resulta «incongruente» que un cargo público con un salario anual de aproximadamente 101.210 euros haya podido acumular tales sumas en el extranjero.
El trasfondo de esta investigación no es puramente económico. El escrito remitido al Senado sugiere que estos fondos podrían ser una contraprestación por una presunta gestión partidista del organismo público. La tesis que se baraja en la comisión de investigación es que el sesgo ideológico denunciado por la oposición en las encuestas del CIS podría tener una motivación de carácter «crematístico».
El factor de credibilidad y el papel del Sepblac
A pesar de la gravedad de las acusaciones, es necesario contextualizar la figura del denunciante. Martín-Duarte es el mismo abogado que anteriormente intentó judicializar supuestas cuentas opacas de varios ministros del Gobierno en el Caribe, una denuncia que el Tribunal Supremo terminó desestimando por la falta absoluta de indicios sólidos.
En este sentido, fuentes parlamentarias aclaran que el envío del documento al Sepblac por parte de la Mesa del Senado, presidida por el popular Pedro Rollán, responde a un trámite procedimental de «conocimiento y efectos», pero no obliga al organismo antiblanqueo a iniciar un expediente de oficio ni a emitir un informe vinculante si no halla base probatoria suficiente.
Un historial de archivos judiciales
No es la primera vez que la gestión de José Félix Tezanos termina bajo el escrutinio de los tribunales. En 2021, la Audiencia Provincial de Madrid ya archivó una querella por presunta malversación, dictaminando que las críticas a la metodología del CIS pertenecen al debate político y no al ámbito penal. Los magistrados concluyeron entonces que no había pruebas de que el presupuesto del organismo se utilizara para favorecer intereses partidistas.
Por ahora, la pelota está en el tejado de los supervisores financieros, quienes deberán determinar si los documentos aportados tienen la entidad suficiente para abrir una investigación real o si, por el contrario, se suman a la lista de denuncias archivadas por inexistencia de indicios fundados sobre la procedencia de los fondos.