El interrogatorio a Bartolomé Lora: contactos previos bajo la lupa judicial
La comparecencia de Bartolomé Lora ante el magistrado José María Escribano ha aportado un dato clave en la investigación sobre la ayuda financiera a la aerolínea de los Hidalgo. Durante una declaración que se prolongó por hora y media, el vicepresidente de la SEPI confirmó que la cúpula del organismo mantuvo reuniones con los responsables de Air Europa semanas antes de que se iniciara formalmente el expediente administrativo para su rescate.
Este reconocimiento sitúa el foco sobre la transparencia del procedimiento. Lora admitió que, durante los meses de junio y julio de 2020, se produjeron diversos contactos en los que participó Javier Hidalgo, en aquel entonces CEO de Globalia, junto a técnicos del ente público y representantes del Ministerio de Economía. Estos encuentros precedieron a la apertura oficial del proceso en agosto, un desfase temporal que ha alimentado las sospechas de las acusaciones populares ejercidas por PP y Vox.
La estrategia de defensa: agilidad operativa frente a sospechas
A pesar de confirmar estos contactos previos, el investigado ha rechazado tajantemente cualquier tipo de irregularidad administrativa. Según el testimonio de Lora, estas reuniones informales no tenían como objetivo pactar condiciones ventajosas, sino recabar datos técnicos esenciales que permitieran acelerar un rescate considerado crítico para la economía española. La tesis defendida por el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales es que estas gestiones «adelantaron trabajo», permitiendo que el proceso fuera más fluido una vez presentada la solicitud oficial.
Los puntos fundamentales de la argumentación de la SEPI se basan en los siguientes ejes:
- La necesidad de recopilar información estratégica sobre la situación patrimonial de la aerolínea en un contexto de crisis extrema para el sector.
- La participación de equipos jurídicos y técnicos de ambas partes para validar la viabilidad del préstamo de 475 millones de euros.
- El cumplimiento normativo avalado posteriormente por el Tribunal de Cuentas, según defendió el propio Lora en comparecencias anteriores.
Diligencias judiciales: identificando a los responsables del rescate
El titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid no se ha limitado a escuchar la versión de Lora. El juez Escribano ha intensificado la reclamación de documentación interna a la SEPI con el fin de esclarecer quiénes fueron los verdaderos artífices de la ayuda pública. Se busca identificar a todos los miembros del Consejo Gestor, a los asesores con voz y voto, y a los técnicos que redactaron los informes de solvencia.
Resulta de especial interés para la causa el informe elaborado por la Abogacía del Estado, así como las actas íntegras de las sesiones donde se discutieron posibles deudas o impedimentos legales para la concesión del crédito. El magistrado intenta determinar si el protocolo seguido se ajustó a la normativa del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) o si existieron presiones externas.
Un escenario de sombras políticas y mediáticas
El caso del rescate a la aerolínea de Globalia se entrelaza inevitablemente con otros frentes de actualidad. Aunque algunas vías de investigación relacionadas con el entorno del Gobierno han sido desestimadas por falta de indicios delictivos iniciales, la sombra de la mediación política sigue planeando sobre la causa. Se analiza la influencia que pudieron tener figuras como Víctor de Aldama en las negociaciones de alto nivel que culminaron en la millonaria inyección de fondos públicos.
Por el momento, Bartolomé Lora se mantiene como el único investigado formal, aunque el devenir de las diligencias y el análisis de la documentación pendiente de entrega podrían derivar en nuevas imputaciones dentro de la estructura de mando que autorizó el rescate de Air Europa. La justicia busca ahora discernir si la «agilidad» administrativa defendida por la SEPI fue una gestión eficiente o una vulneración del principio de igualdad en el acceso a las ayudas públicas.