La Audiencia Nacional ha fijado un punto de inflexión técnico en la instrucción del denominado caso Leire Díez. El magistrado Santiago Pedraz ha citado formalmente a Juan Manuel Serrano, quien fuera mano derecha de Pedro Sánchez y máximo responsable de Correos, para proceder a la validación del clonado de su dispositivo móvil. Esta diligencia, programada para el próximo 5 de agosto, busca blindar la cadena de custodia y garantizar que el contenido digital extraído sea plenamente admisible como prueba en el proceso judicial.
El dispositivo móvil: Epicentro de la prueba tecnológica
La relevancia de esta cita judicial reside en la necesidad de asegurar la integridad de la información volcada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El juez Pedraz, mediante una providencia reciente, ha determinado que Serrano debe estar presente para ratificar el número de identificación de su terminal o, en caso de ser necesario, realizar una nueva copia espejo en sede judicial. Este movimiento busca evitar futuras impugnaciones por parte de la defensa sobre la manipulación de los datos contenidos en el teléfono.
La investigación trata de reconstruir las comunicaciones de Serrano durante su etapa al frente de la empresa pública postal. Los agentes de la UCO sospechan que el terminal podría albergar evidencias críticas sobre:
- La coordinación de estrategias para obstaculizar procedimientos judiciales en curso.
- Intercambios de información sobre adjudicaciones bajo sospecha en el entorno de la SEPI.
- Instrucciones directas relacionadas con la estructura de mando en Correos.
Ramificaciones en la gestión de Correos y el entorno SEPI
El foco de la causa no se limita exclusivamente a la figura de Serrano, sino que se extiende a una presunta red de irregularidades en la contratación pública. La justicia pone la lupa sobre el nombramiento de Leire Díez como gerente de Filatelia, una designación que la UCO califica de anómala y que podría haber servido como piedra angular para una operativa ilícita de mayor envergadura.
El magistrado intenta discernir si Serrano actuó como un facilitador que simplemente permitió estas prácticas o si su rol fue mucho más activo, llegando a impulsar y supervisar las licitaciones cuestionadas. Este patrón de conducta, según los indicios manejados por el juzgado, guarda similitudes con operativas detectadas en otras entidades dependientes del Estado, como Enusa o Mercasa, sugiriendo un modus operandi sistémico dentro de ciertos sectores de la administración pública.
Hacia una fase determinante de la instrucción
Con la verificación del volcado del móvil, el juez Pedraz espera obtener una hoja de ruta clara sobre la profundidad de la implicación de Serrano en las supuestas maniobras de desestabilización judicial. La documentación y los mensajes que se incorporen formalmente a la causa tras la cita de agosto podrían derivar en nuevas imputaciones o en la apertura de piezas separadas relativas a la corrupción empresarial.
En definitiva, la comparecencia de Serrano para el cotejo de su dispositivo representa un paso administrativo pero fundamental para el éxito de la estrategia procesal. La justicia busca esclarecer si el poder ejercido desde la presidencia de Correos fue utilizado para fines ajenos al interés público, marcando un precedente en la fiscalización de los altos cargos directivos de las empresas estatales.